20190228

El presidente de la patronal CEOE, Antonio Garamendi, mandó ayer un mensaje muy claro al Gobierno. Los empresarios no aceptarán que el Ejecutivo «convierta el diálogo social en un contrato de adhesión». En su opinión es los que son los diferentes reales decretos de política laboral y social, que está preparando el Gobierno para intentar aprobarlos hasta las elecciones del 28 de abril. En un encuentro de Nueva Economía Forum, Garamendi se refirió así a los diferentes decretos sobre las siguientes materias: el alquiler de la vivienda; la igualdad laboral entre la mujer y el hombre; el cambio de la regulación de la negociación colectiva o de mejoras sociales a distintos colectivos, entre otras.

Aunque nadie sabe exactamente qué va a suceder, el Gobierno vasco cree que el ‘Brexit’ puede generar problemas puntuales de tesorería en las empresas vascas que comercian con Reino Unido; de ahí que haya optado por suministrar ‘vendas’ antes de que sean evidentes las ‘heridas’. Con esa mentalidad, el Ejecutivo de Vitoria ha puesto en marcha una línea especial de créditos a empresas, principalmente dirigida a las pequeñas y medianas que mantienen una relación comercial habitual con Reino Unido, que estará dotada inicialmente con 25 millones de euros. El consejero de Hacienda, Pedro Azpiazu, señaló ayer que esta cifra puede incrementarse en el futuro si así fuese necesario. El Gobierno vasco entregará avales a las empresas que lo necesiten –lo hará a través de la sociedad de garantía Elkargi–, que deberán ser tramitados ante las entidades financieras convencionales para obtener los créditos.

Francia y Alemania aceptarán un retraso de la salida de Reino Unido de la Unión Europea, pero solo si Londres lo justifica satisfactoriamente ante el resto de socios. El presidente francés, Emmanuel Macron, y la canciller alemana, Angela Merkel, fijaron ayer los límites de su posición ante la posibilidad de que el Brexit se aplace más allá de la fecha programada, el 29 de marzo. El mensaje franco-alemán es que hay prisa por pasar página y poco tiempo para volver sobre lo acordado.

Durante más de dos años han controlado el debate y la agenda política de Reino Unido con el propósito de lograr un Brexit salvaje, pero los euroescépticos conservadores han comenzado a sentir el vértigo y a suavizar las formas, ante el riesgo de que el trofeo se les escape de las manos. La concesión de Theresa May a los proeuropeos de sus filas, al admitir una posible prórroga en la fecha de salida, y el respaldo oficial del laborismo a un nuevo referéndum, les ha empujado a ver con mejores ojos el acuerdo de retirada pactado con la UE.

El decreto de alquiler que el Gobierno negocia con Podemos y otros grupos recoge medidas que no aparecían en el texto que el Congreso rechazó en diciembre y que exigía Podemos, como la limitación al IPC de las subidas dentro de un mismo contrato —que pasará de tres a cinco años entre particulares— y más garantías en los desahucios. Además, según un borrador que circula entre los negociadores, se precisa el mecanismo para elaborar una estadística oficial de precios y abre así la puerta a que las comunidades autónomas puedan acabar usándola para limitar las subidas de las rentas o, al menos, desincentivarlas.

El número de hipotecas para comprar una vivienda alcanzó el año pasado el mayor nivel desde 2011, según la estadística publicada ayer por el INE. En 2018, las entidades financieras concedieron 345.186 préstamos hipotecarios, un 10,3% más que en 2017. Se trata del mayor número de hipotecas desde 2011, cuando se suscribieron 408.461 contratos. Se trata, además, del quinto aumento anual consecutivo después de que el grifo de la financiación bancaria se cerrase en la crisis, entre 2007 y 2013, cuando la firma de préstamos cayó siete años seguidos. No obstante, el crecimiento de 2018 se ha moderado respecto a los tres años anteriores: en 2015 subió un 20,8%, en 2016 avanzó un 14,6% y en 2017 aumentó un 10,7%. Buena parte de la ligera ralentización se debe al frenazo del pasado diciembre, cuando se empezó a notar el efecto del caos en el Tribunal Supremo por el impuesto sobre las hipotecas.

La industria del automóvil es la primera del País Vasco donde supone el 20% del PIB y  la primera de España, con el 10%, generando más de 1,8 millones de empleos cualificados en el conjunto del Estado. Con estos datos encima de la mesa y teniendo en cuenta, por ejemplo, que solo los concesionarios de coches de la CAV facturan unos 2.000 millones de euros anuales, se entiende la preocupación por el proceso de transición en el que vive el sector. En el cambio hacia el vehículo eléctrico, responsables del sector pidieron ayer la implicación de las administraciones públicas para que pacten con el sector una transición ordenada de manera que el reto del coche eléctrico se convierta en una oportunidad.

Durante el último año, los consejos de administración de las 35 empresas que integran el Ibex sólo han incorporado a dos mujeres. En un ejercicio en el que el debate femenino se ha hecho valer tras la huelga del 8 de marzo de 2018 y el movimiento ‘MeToo’, su presencia en los órganos de dirección ejecutiva de las grandes corporaciones españolas se ha quedado paralizada. A día de hoy, solamente hay dos consejeras nuevas: Sara de la Rica, en Iberdrola, y Cristina Garmendia, en CaixaBank. Su nombramiento está condicionado a la aprobación de las respectivas juntas de accionistas que tendrán lugar en poco más de un mes. El frenazo ha sido significativo y el selectivo bursátil ha dejado de ser la locomotora de la paridad, como venía ocurriendo. La presencia femenina alcanza 108 puestos de un total de un total de 455 perfiles. El incremento anual ni siquiera ha llegado al 2% (se ha quedado en un mínimo 1,9%), frente a los avances superiores al 15% de 2017.

La Diputación de Gipuzkoa aprobó ayer la convocatoria de subvenciones del programa para la ‘Promoción del talento y el aprendizaje de las personas en las empresas’, al que destinará 3,12 millones de euros en 2019. Generar, retener y atraer talento son los objetivos que persigue esta línea de trabajo, en un ámbito de actuación «fundamental» para la industria del territorio, afirmó el portavoz foral, Imanol Lasa. La línea de subvenciones está destinada a empresas, asociaciones, parques tecnológicos, centros de educación y, en definitiva, a todos aquellos agentes que puedan contribuir a promover el talento y las capacidades de las personas en sus compañías y, de este modo, generar valor empresarial, social y territorial compartidos.

El sindicato ELA ha convocado una huelga de tres días en los comedores escolares de los colegios públicos dependientes de empresas privadas los próximos 20, 21 y 22 de marzo, a pesar de que LAB, UGT y CC OO han firmado esta misma semana el convenio colectivo en el sector. La central nacionalista, que cuenta con un 37% de representación, justificó los paros ante la «precaria» situación laboral de las trabajadoras del sector.

La convocatoria de otros diez días de huelga en la enseñanza concertada –del 12 al 15 de marzo, del 1 al 4 de abril y los días 8 y 9 de mayo– supone el último órdago de los sindicatos a la patronal y lleva al límite un curso escolar que acumularía así casi un mes de paros. Los sindicatos justifican la medida ante la falta de respuesta a sus peticiones.

El grupo alavés Tubos Reunidos perdió el pasado año 34,4 millones de euros, en otro ejercicio negro para su cuenta de resultados y en el que se recoge ya el impacto negativo de las medidas proteccionistas aprobadas por Donald Trump en Estados Unidos, que han supuesto una importante reducción de los márgenes. La empresa, que dio a conocer ayer sus resultados del pasado año, mantiene negociaciones con las entidades financieras de cara a aprobar una refinanciación de su abultada deuda bancaria.