20190305

Las tres asociaciones patronales de Euskadi  -Cebek, SEA y Adegi- y el Gobierno Vasco han suscrito un acuerdo para cumplir la Agenda 2030 de desarrollo sostenible en las empresas vascas mediante un proyecto formativo que implicará a 4.000 compañías. La Secretaría General de Acción Exterior del Gobierno Vasco informó ayer de que el Pacto Mundial -iniciativa de la ONU para fomentar la sostenibilidad empresarial-, el Gobierno Vasco y las tres asociaciones patronales han firmado este acuerdo por el que contratarán productos de capacitación de manera que se cualifique a los trabajadores y mejoren los resultados de la sostenibilidad.

xEl pasado mes, el paro bajó en Euskadi–887 personas hasta las 119.863–mientras que repuntó en el conjunto de España, donde fue el peor febrero desde 2013. En la afiliación a la Seguridad Social Euskadi no se compara tan bien con el resto del país. En febrero los cotizantes aumentaron en 2.275 personas (hasta los 955.798), lo que supone un incremento del 0,24% respecto a enero. El porcentaje queda por debajo del 0,37% nacional. En términos interanuales la brecha es mucho mayor. El crecimiento es del 1,8% en la comunidad autónoma (+16.951) frente al 2,86% de media nacional. En ambos ámbitos se aprecia claramente la ralentización. La proximidad del 8 de Marzo hizo que ayer el análisis de los datos del paro en febrero se centrara en su evolución según el género, que no sale muy positiva para las mujeres. El desempleo en Euskadi está bajando entre ellas, sí, pero lo hace a un ritmo muy inferior al que se reduce entre los hombres. Por ejemplo, en febrero la lista de paradas se recortó en 276 mientras que la de parados lo hizo en 611.

Tanto las pymes como las grandes compañías se están poniendo al día con los retos del medio ambiente. Si suponen un ahorro, se asientan antes. «Queremos dar a conocer lo que algunas empresas ya están haciendo para combatir el cambio climático, que no siempre lo identifican como tal, y también el objetivo es contagiar a otras empresas que acuden para que sigan sus pasos». Kristina Apiñaniz, directora general de Aclima –un clúster que agrupa a 80 firmas relacionadas con el medio ambiente, además de instituciones y centros tecnológicos–, sabe bien que «además de mitigar, deben adaptarse al cambio climático». Quienes tienen más batalla por delante son las pymes. «El día a día les come», admite en unas jornadas sobre el impacto del calentamiento global celebradas ayer en Bilbao.

El empleo registrado en el sistema de Seguridad Social aumentó en 69.172 personas en febrero respecto al mes anterior, el dato más bajo en este mes desde 2016. No obstante, en los últimos 12 meses, se ha mantenido la tendencia positiva del sistema al incorporarse 524.958, nuevos cotizantes. Esto supone el 2,86% más que hace un año, con lo que el ritmo de creación de empleo baja al nivel de noviembre pasado. Ambas cuestiones reflejan que se mantiene cierta desaceleración en la creación de empleo, pero que aún es coherente con un crecimiento de la economía superior al 2%. Además, el paro volvió a crecer. Las oficinas públicas contaron 3.271 desocupados más. Es el peor dato desde 2013.

La Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE) reclamó ayer la necesidad de «profundizar en conseguir una estabilidad política, institucional y seguridad jurídica para consolidar las decisiones de inversión y potenciar la creación de empleo».  En su valoración de los datos de paro y afiliación correspondientes a febrero publicados esta mañana por el Ministerio de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social, la patronal señaló que éstos «ponen de manifiesto una desaceleración gradual en el ritmo de recuperación de la economía y del empleo», por lo que considera necesario «el esfuerzo de todos para alcanzar un entorno institucional que impulse la mejora del mercado laboral».

El Tribunal Supremo ha fallado que cabe discriminar al empleado temporal en su despido frente al fijo. Así lo ha establecido en una sentencia en la que estipula que es legal que una subcontrata haga un ERE para los empleados fijos, que cobrarán 20 días, y plantee despidos individuales a razón de 12 días para los temporales. Es la primera vez que el Supremo se pronuncia sobre este asunto, en una sentencia del Pleno que augura que el asunto no será pacífico, ya que cuenta con siete votos a favor y cinco votos particulares en contra. El caso afecta a una subcontrata que hacía servicios de contact center para un banco. Cuando la entidad rescindió el servicio, la subcontrata se vio abocada a despedir a los trabajadores que lo realizaban. Unos eran fijos, y otros, temporales. Los sindicatos impugnaron el ERE en el que sólo se incluyó a los fijos y alegaron que no se podía discriminar en el despido a trabajadores que realizaban el mismo trabajo.

El Gobierno, en el tramo final de la legislatura, se plantea cambiar la fiscalidad del automóvil. Así se ha plasmado en un documento que asume lo que demandan los grandes fabricantes de vehículos; un plan lo suficientemente inconcreto para que lo asuma el Ejecutivo que salga de las elecciones del 28 de abril, sea del color que sea. La ministra de Industria, Reyes Maroto, presentó ayer el Plan Estratégico de Apoyo Integral al Sector de la Automoción que llevará aparejado ayudas e inversiones por 2.634 millones de euros en el sector para el periodo entre 2019 y 2025 y en el que apuesta por modular los actuales impuestos que gravan la tenencia de vehículos —el de matriculación cuando se adquiere uno nuevo y el de circulación que se paga anualmente a los municipios de residencia— y primar a los coches menos contaminantes y el pago por uso, tal y como está sucediendo en otros países europeos.

Los bancos han vuelto a aumentar la concesión de hipotecas por encima del 80% del valor de las casas, el límite máximo recomendado por el Banco de España para reducir riesgos y minimizar la probabilidad de impagos. Según los datos del organismo dirigido por Pablo Hernández de Cos, en 2018 el 14,9% de los préstamos hipotecarios otorgados por las entidades financieras superaron ese umbral, casi un punto porcentual más que un año antes.

La brecha de género que existe prácticamente en todos los sectores económicos en España «es aún más importante» en el tecnológico, según explicó ayer la ministra de Economía y Empresa, Nadia Calviño, en la presentación del libro blanco de las mujeres en el ámbito tecnológico, que concluye que las mujeres son minoría en este sector. Calviño defendió la necesidad de llevar a cabo acciones desde el Gobierno para acelerar la corrección de esa desigualdad que, al ritmo actual, tardaría más de 200 años en cerrarse a nivel global.

Teresa Ribera acude por primera vez a San Sebastián en calidad de ministra de Transición Ecológica. Ribera participará mañana en la apertura de la conferencia internacional sobre cambio climático ‘Change the Change’, cita a la que acudirá con el proyecto de ley sobre esta materia en pleno proceso de información pública tras recibir luz verde por parte del Gobierno hace escasamente dos semanas. Una nueva normativa que ha sido muy criticada por su contundencia, sobre todo, con los vehículos diésel. La ministra responde a los mensajes contrarios y argumenta que España necesitaba con urgencia tomar decisiones «y contrarrestar el miedo al cambio» que supone una medida de este calado.

Solo el 19,6% de las empresas españolas con más de 10 empleados realizaron ventas mediante comercio electrónico en 2017, según el informe España Empresa Digital elaborado por la Cámara de España. El presidente de la institución cameral, José Luis Bonet, subrayó ayer que «la clave para fomentar la digitalización está en implicar a las pymes y que haya una conexión con las Administraciones para fomentar la colaboración público-privada». Para Bonet «hay que aprovechar la oportunidad de estar en primera línea de la revolución digital».

El juzgado de lo mercantil número 2 de Bilbao, que supervisa la quiebra del astillero vizcaíno La Naval de Sestao, comunicó ayer de forma oficial el despido de la totalidad de la plantilla, ante la situación de quiebra del mismo, la ausencia de actividad y también de recursos económicos. El auto fue firmado por la magistrada la pasada semana y en él se contempla el derecho de los 178 empleados a percibir una indemnización por despido, equivalente a 20 días de salario por cada año de antigüedad. La indemnización no podrá superar el importe equivalente a un año de salario.