El debate jurídico sobre la equiparación de indemnizaciones a trabajadores fijos y temporales no está cerrado

Opinión de Confebask tras la reciente sentencia del TSJPV que, apoyándose en la última resolución europea, equipara la indemnización de un empleado temporal con  la de un trabajador fijo.

2016-10-20

Justicia

Las consecuencias que generan en Euskadi la resolución del Tribunal de Luxemburgo emitida hace un mes, siguen creando una gran incertidumbre a pesar de la reciente sentencia del TSJPV que avala la general equiparación de indemnizaciones.

El caso es que el Tribunal de Europeo de Luxemburgo declara que la legislación española no es adecuada a la correspondiente directiva europea, lo que obliga al legislador estatal a cambiar la actual normativa. Este es un extremo que es indiscutido e indiscutible.

De hecho, a este requerimiento obedecen los recientes contactos del Ministerio de Trabajo con los agentes sociales y la constitución de una comisión de expertos para que, precisamente, detallen en qué términos debe hacerse esta traslación de la regulación comunitaria. Este extremo, insistimos, no plantea dudas.

Lo que está provocando un intenso debate jurídico es sobre qué hacer hasta que llegue ese cambio legal. En otras palabras, se discute, y con mucha profundidad e intensidad, si la sentencia del alto tribunal europeo es directamente aplicable a situaciones actuales que, no se olvide, han estado perfectamente adecuadas a la ley vigente o, por el contrario, se requiere esperar al nuevo texto legal.

El TSJPV ha terciado en este debate declarando que sí, que la sentencia europea es directamente aplicable a los actuales contratados temporales.  Sin embargo, otros TSJ pueden decir lo contrario y, en última instancia, el Tribunal Supremo acabará de sentar doctrina en un sentido o en otro. Y eso, siempre y cuando no se materialice mientras tanto el necesario ajuste de la normativa española en cualquiera de los términos en los que se lleve a cabo.

A la postre estamos, una vez más, generando un entorno de incertidumbre  que está en las antípodas de la seguridad y la certeza jurídica que necesitan las empresas para tomar toda clase de decisiones; también y muy especialmente las que tienen que ver con el empleo y la contratación.