20161129

El lehandakari Iñigo Urkullu tendrá la última palabra respecto a la representatividad de las patronales en el Consejo de Relaciones Laborales, después de que la nueva asociación Garen, que precisamente cumple ahora un año, pidiera formalmente el pasado mes de septiembre participar en el organismo sociolaboral aprovechando la renovación de sus miembros. El CRL ha propuesto al lehendakari que los siete representantes que corresponden a las organizaciones empresariales se adjudiquen a Confebask por ser, señala, «la única que ha acreditado cumplir la condición previa para estar representada». Pero el proceso no está exento de polémica, ya que el organismo no tiene contemplado ningún procedimiento para medir la representatividad real de las patronales, ya que cuando se constituyó y hasta ahora solo ha habido una: Confebask.

La primera reunión para negociar un acuerdo interprofesional entre los cuatro principales sindicatos de la comunidad autónoma y las patronales vascas, que se celebra mañana en Bilbao, tendrá un nivel preferentemente técnico, por lo que no contará con la presencia de los máximos responsables de las organizaciones protagonistas. La cita arrancará a las nueve de la mañana en un terreno neutral, la sede del Consejo de Relaciones Laborales de Euskadi (CRL), y su objetivo es conseguir un acuerdo de carácter intersectorial de estructura de la negociación colectiva en Euskadi que blinde las competencias negociadoras vascas frente a la influencia, cada vez mayor, de los convenios de ámbito estatal.

La OCDE prevé que España acabará el año con un crecimiento del 3,2%. Sin embargo, el PIB sufrirá una ralentización hasta el 2,3% en 2017 y el 2,2% en 2018, conforme se diluyan factores que han impulsado la demanda como los precios del petróleo, los bajos tipos o las rebajas de impuestos. Esto supone unas perspectivas más prudentes que las dibujadas por el Gobierno el próximo año.  A juicio de la institución,  España alcanzará el objetivo de déficit público este año, pero lo incumplirá en los dos años siguientes al registrar en 2017 unos números rojos equivalentes al 3,6% del PIB frente a la meta del 3,1%, y en 2018 un 2,9% frente al objetivo oficial del 2,2%.

La OCDE revisó ayer al alza las previsiones de crecimiento de España. Pero no se quedó ahí y expuso su receta para mejorar los ingresos y cuadrar el desfase presupuestario en un momento en el que el Gobierno estudia cambios fiscales para cumplir con Bruselas. El organismo, que engloba a las economías más desarrolladas del planeta, recomienda en su informe sobre ‘Perspectivas Mundiales’ eliminar «de forma progresiva» los tipos reducidos de IVA y aboga por aumentar los tributos medioambientales al considerar que existe «margen de maniobra». Todo ello con el objetivo de reducir el déficit y la elevada deuda pública ante unas estimaciones de ralentización de la economía a partir del próximo año.

La economía española se beneficia actualmente de las reformas acometidas en los últimos años, según la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), que ve necesario que el país siga realizando cambios que permitan a España ganar productividad más que flexibilidad en el mercado laboral. «No hablamos de más flexibilidad del mercado laboral, sino de productividad, en un contexto político muy complejo en España, Europa y en el mundo», indicó el secretario general de la OCDE, Ángel Gurría, al referirse a España, cuya perspectiva de crecimiento para 2016 ha sido revisada hasta el 3,2% desde el 2,8% previsto en julio, mientras que se mantiene estable el pronóstico del 2,3% para 2017 y de cara a 2018 la organización espera una expansión del 2,2%.

Casi nada es por casualidad, y que Euskadi lleve décadas como una de las comunidades autónomas más pujantes de España, tampoco. Uno de los indicadores para medir ese dinamismo económico del País Vasco es la productividad, que el año pasado estuvo en los 76.248 euros por ocupado, «un 26% por encima de España», recuerda Ernest Reig, catedrático de Economía Aplicada en la Universidad de Valencia. Él ha dirigido el estudio ‘La competitividad de las regiones españolas ante la economía del conocimiento’, elaborado por la Fundación BBVA y el Instituto Valenciano de Investigaciones Económicas (Ivie). El informe, que fue presentado ayer en Madrid, pone en relación la evolución económica de las distintas comunidades autónomas con su compromiso con la ‘economía del conocimiento’. Es decir, con el hecho de apostar por plantillas cualificadas, equipos productivos de base tecnológica, investigación, innovación...

El Tribunal Supremo limita las demandas de los trabajadores temporales que reclaman 20 días por año trabajado como los indefinidos. En una sentencia, no ha reconocido la indemnización de 20 días a un interino por cuestiones procesales. Fuentes jurídicas consultadas consideran que el Alto Tribunal está dando un aviso a navegantes y muestra que podría desestimar las demandas de casos anteriores a la sentencia del Tribunal de Justicia de la UE del pasado 14 de septiembre que equiparó a fijos y temporales y revolucionó el mercado laboral.

Cepyme, la patronal de las pequeñas y medianas empresas integrada en CEOE, cree que se debe adelantar el calendario de aplicación de la reforma de pensiones de 2011, incluido el retraso de la edad de jubilación a los 67 años previsto para 2027. Además, reclamó que los autónomos coticen más y que las pensiones de viudedad y los complementos de pensión a las madres se paguen con impuestos.

Doce organizaciones empresariales, integradas en la Alianza por la Competitividad de la Industria Española, y las federaciones sectoriales de UGT y CCOO, firmaron ayer en el Consejo Económico y Social una declaración para reclamar al Gobierno y, por extensión a Las Cortes, un pacto de Estado para el sector. Un acuerdo que «favorezca el desarrollo industrial de España». Se trata del primer pacto de este tipo que suscriben tantas organizaciones empresariales con los sindicatos. La declaración tiene diez peticiones de políticas concretas al Gobierno y los partidos políticos para pedir que esta sea «la legislatura de la industria» y relanzar su competitividad.

«No hay reto en las pensiones que no pueda ser solucionado», aseguraron ayer desde CC OO. Su secretario general, Ignacio Fernández Toxo, expuso en la Comisión parlamentaria del Pacto de Toledo su programa de medidas para hacer sostenible el sistema de pensiones. Así, propuso una serie de iniciativas, unas inmediatas y otras progresivas, que contribuirían a aumentar los ingresos en casi 71.000 millones de euros (6,3% del PIB). La primera consiste en un incremento coyuntural de dos puntos de cotización, con lo que se conseguirían 7.000 millones adicionales. Seguidamente, consideró necesario eliminar los topes de las bases máximas de cotización, limitadas a 3.642 euros al mes, por lo que todo lo que cobra un trabajador por encima de esa cantidad, se escapa a la cotización. Con ello, la Seguridad Social elevaría sus ingresos en otros 7.557 millones.

En un momento en el que el Gobierno y Ciudadanos estudian medidas para elevar la fiscalidad sobre los beneficios, el Círculo de Empresarios emitió ayer un informe en el que reclama medidas en el sentido contrario. La organización presidida por Javier Vega de Seoane apuesta por establecer un tipo único en el impuestos sobre sociedades del 20% frente al 25% actual. El presidente del comité de economía y presupuestos del Círculo de Empresarios, Josep Piqué, defendió que una reducción del gravamen mejoraría el atractivo de España para atraer inversiones en un contexto en el que otros países de la Unión Europea han optado por rebajar los tipos nominales que gravan los beneficios de las empresas.

La economía sumergida a cierre de 2015 representaba en España un 18,2% del Producto Interior Bruto (PIB) o, lo que es lo mismo, 189.491 millones de euros. Así lo puso ayer de manifiesto el Círculo de Empresarios que, a partir de los cálculos realizados por el reconocido economista Friedrich Schneider, advirtieron de que éste sigue siendo uno de los grandes problemas de la economía española y, en consecuencia, uno de los motivos por lo que la recaudación en concepto de IVA es inferior a la media europea. De entre las grandes potencias económicas de la Eurozona, sólo Italia registra una mayor actividad económica ilegal y/o que se desarrolla incumpliendo la legislación tributaria. En concreto, en el caso italiano la cifra supera el 20% de su PIB y llegó hasta el 26,1% en 2003, fecha en la que se registró el mayor pico.

El PSOE respaldará a los sindicatos mayoritarios en la calle y en el Parlamento. Este es el compromiso del presidente de la comisión gestora socialista, Javier Fernández, con los lideres de CC OO y UGT, Ignacio Fernández Toxo y Josep Maria Álvarez, respectivamente. Los socialistas coinciden con los sindicatos en que durante esta legislatura deben cambiar las leyes laborales. El PSOE estará en las movilizaciones convocadas por las centrales sindicales para el 15 y el 18 de diciembre y animará a sus afiliados a que participen en ellas. La gestora también comparte la estrategia sindical de negociar y presionar.

Las comunidades autónomas necesitarán que el fondo estatal de rescate les preste de nuevo 30.000 millones en 2017 para poder cubrir sus necesidades de financiación. Así lo pronostica la agencia Moody’s en un informe sobre las regiones españolas. Solo la Generalitat de Cataluña requerirá cerca de otros 7.000 millones de euros del llamado Fondo de Liquidez Autonómica (FLA). La agencia de calificación de solvencia considera que la Comunidad Valenciana necesitará otros 6.000 millones del FLA y, la Junta de Andalucía, más de 4.000 millones en 2017. Hacienda cifra en 172.374 millones de euros la ayuda financiera del Gobierno central desde 2012 en forma de préstamos blandos, de los cuales 53.307 millones han sido para Cataluña; 36.777 para la Comunidad Valenciana y 27.682 para Andalucía.

La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) avaló ayer la política de inversiones y rebajas de impuestos del presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump. La OCDE pronosticó que sus políticas de estímulo podrían elevar el crecimiento mundial hasta 0,1 puntos en 2017 y 0,3 puntos en 2018. Sin embargo, este informe, el primero de una institución internacional que analiza el impacto de Trump, también advierte de que todas esas ganancias se desvanecerían si se restringiese el comercio internacional. Incluso, alerta de la necesidad de un ajuste fiscal en EE UU más adelante.

 ‘Megacontrato’, ‘macropedido’ o ‘contrato del siglo’. Cualquiera de los calificativos se ajusta como un guante a la gran compra de material rodante que Renfe adjudicó ayer a Talgo en 786 millones de euros, ampliables hasta los 1.495,4. Recibirá de inicio 15 trenes de muy alta velocidad, del modelo AVRIL –cifra que se duplicará en función de las necesidades del operador–, e incluye además el mantenimiento de la flota tres décadas o cuatro, en el mejor de los casos. «Es el contrato que nos da la continuidad necesaria, de varios años, para mantener la plantilla», subrayaba ayer Diego Benito, gerente de la planta que tiene Talgo en la localidad alavesa de Rivabellosa. Talgo se ha llevado el macroconcurso del AVE al realizar una oferta económica de 1.495 millones de euros por la fabricación de 30 trenes y su mantenimiento durante 40 años que supone una rebaja del 43% sobre el precio máximo de licitación por Renfe. Este drástico abaratamiento ha sido puesto en cuestión por Alstom, que estudia si impugna el concurso.

La nueva Sidenor –aquella que nació a finales de julio al ser adquirida a la multinacional brasileña Gerdau por un grupo de ejecutivos de la casa pilotados por José Antonio Jainaga, y que se presentó como «un proyecto de país»– ha movido ficha para plantear a los sindicatos sus aspiraciones en un intenso plan de ajuste de empleo a dos años. En base a los primeros datos, aportados ayer por la empresa a las centrales al constituir la mesa de negociación del ERE temporal que busca la firma, Gipuzkoa aparece como el gran damnificado de ese programa. Frente a una reducción media de la jornada laboral de hasta el 50% durante 2017 y 2018 para los 2.300 empleados de la compañía, las tres factorías del territorio (Azkoitia, Legazpi y Maltzaga) superan ese guarismo e, incluso, en el caso de la última, dedicada a los calibrados y con 44 trabajadores en plantilla, la dirección aspira a trasladar toda su producción a Vitoria.

Los once consejeros de Iñigo Urkullu tomaron posesión ayer de sus cargos en una ceremonia sobria en el Palacio de Ajuria Enea, a la que siguieron las primeras declaraciones de intenciones del Gabinete de coalición PNV-PSE, inédito desde hace dieciocho años. Las palabras inaugurales de los miembros del Ejecutivo tras asumir sus respectivas carteras ratificaron la apuesta por la continuidad del lehendakari Urkullu y el vivo interés de los socialistas por proyectarse como la ‘pata’ social del nuevo bipartito. Y, por supuesto, permitieron anticipar una de las encomiendas más vistosas con las que nace el Gobierno vasco de la XI legislatura, la de negociar con Madrid –una vez extinta la mayoría absoluta del PP y derribado el muro de la incomunicación– asuntos centrales como las transferencias pendientes, el acuerdo sobre el Cupo o el blindaje jurídico del autogobierno.