20170511

La brecha que separa al Gobierno vasco de las diputaciones en torno al calado y el objetivo de las modificaciones tributarias que se deben abordar en la segunda mitad del año, quedó patente ayer. Mientras que los ejecutivos forales se han mostrado partidarios de realizar «ajustes» o «retoques» en los impuestos y contrarios a un aumento significativo de la presión fiscal sobre las empresas, el consejero de Hacienda del Gobierno vasco, Pedro Azpiazu, renovó ayer su apuesta por hacer todo lo contrario. «Debemos hacer una reforma estructural y de fondo», con un objetivo claro: «incrementar la recaudación para garantizar los servicios públicos». De lo contrario, advirtió el consejero en un mensaje claramente dirigido a los diputados generales,  «estaríamos ante una reforma fracasada». El consejero utilizó ayer dos foros para reiterar el mismo mensaje. A primera hora de la mañana, en una conferencia que pronunció en Bilbao invitado por ADYPE, la Asociación de directivos y profesionales de Euskadi. Y unas horas más tarde, en un coloquio ante trescientos empresarios que ponía el colofón a la asamblea anual de la patronal vizcaína Cebek, en la que Iñaki Garcinuño fue reelegido como presidente de la organización para un nuevo periodo de cuatro años.

La consejera de Desarrollo Económico y Competitividad, Arantxa Tapia, admitió ayer ante los empresarios que asistieron a la asamblea anual de la patronal vizcaína Cebek que la toma de control de capital extranjero en empresas vascas tiene una interpretación positiva –son empresas atractivas y en el mundo hay mucho dinero», dijo–, pero también genera una inevitable incertidumbre. «Lo peligroso –apuntó– es que nos hagan desaparecer del mapa».  La consejera aclaró que «no es suficiente que una empresa mantenga la sede social aquí. Lo que queremos, lo realmente importante, es que esté aquí su actividad, la generación de empleo y también sus inversiones».

Las previsiones económicas de primavera que publicará hoy la Comisión Europea validan el escenario optimista que vaticina el Gobierno, tanto en términos de crecimiento del PIB, como en la reducción de déficit público. El Ejecutivo comunitario reducirá la estimación de déficit público del Gobierno al 3,2% del PIB en 2017 y al 2,6% en 2018, desde los respectivos 3,5% y 2,9% que pronosticaba en sus previsiones de febrero. Las cifras suponen una clara mejora respecto a las últimas perspectivas de la Comisión, pero todavía no sirven para cumplir con los objetivos de déficit marcados por la UE: del 3,1% este año y del 2,2% el que viene. Sin embargo, aumentan de forma significativa el colchón del que dispone el Gobierno situar el desajuste fiscal por debajo del 3%, donde se encuentra el objetivo del Pacto de Estabilidad y Crecimiento. Esas 4 décimas que hay desde el 2,6% hasta el 3% equivalen a unos 4.750 millones.

El salario medio vasco cayó en 2016 un 0,4%, lo que supuso su sexto descenso anual consecutivo. Este retroceso dobla el sufrido por la remuneración media del conjunto de España, que fue del 0,2%, según se desprende del V Monitor Anual Adecco sobre salarios. El estudio de la consultora destaca que el salario medio vasco fue el pasado año de 1.941 euros mensuales, un 18,7% más elevado que el de la media del conjunto de España, que se situó en los 1.636 euros, es decir, una diferencia de 305 euros mensuales o 3.660 anuales a favor de los sueldos de Euskadi.

El Fondo Monetario Internacional asegura que la economía española mantiene una recuperación «impresionante », y la Comisión Europea reconoce que España es la potencia económica de la zona euro que más crece. Sin embargo, este fuerte aumento de Producto Interior Bruto (PIB) no se reproduce de la misma manera en todo el país y la renta per cápita de cada región está lejos de ser similar. De hecho, hay situaciones tan llamativas como que la renta per cápita de la Comunidad de Madrid y del País Vasco es el doble que la de Extremadura, y está muy cerca de doblar también a la de Andalucía. Según las cifras elaboradas por Equipo Económico a partir de los datos del Instituto Nacional de Estadística (INE), la renta por cada habitante de la región extremeña no llega a los 16.400 euros, mientras que la vasca y la madrileña alcanza los 31.805 y los 32.723 euros, respectivamente.

El repunte de la inflación este año empieza a tener consecuencias más allá del encarecimiento de la cesta de la compra. De hecho, la competitividad de la economía española frente a la de la zona euro se redujo en el primer trimestre del año por primera vez desde finales de 2013. Es decir, 14 trimestres después el índice de competitividad trimestral empeoró un 1% respecto a los países de la moneda común, según el informe publicado ayer por el Ministerio de Economía. El propio documento indica que este mal comportamiento se explica «porque el incremento de los precios en la media de los países de la Eurozona fue inferior al registrado en España». El riesgo es que este dato suponga un punto de inflexión y un cambio de tendencia dadas las previsiones alcistas sobre el IPC para este año y los próximos ejercicios.

La competitividad de la economía española queda relegada a nivel global, de acuerdo con el Índice de Libertad Económica 2017, que el think tank Heritage Foundation presentó ayer. El país pierde 26 puestos en este ránking, cayendo hasta la 69ª posición. Esto es, una de las más bajas de la Unión Europea, sólo por delante de Francia, Portugal, Italia, Eslovenia y Grecia, y la más baja desde el año 1998. En concreto, el país ha perdido 4,9 puntos durante el último ejercicio, hasta los 63,6 enteros, alejándose de los 70 puntos que llego a rebasar la pasada década. Este descenso, el más brusco de toda la serie histórica, que arranca en 1995, y uno de los más profundos de todos los países analizados, se debe a dos grandes factores. Por un lado, la inclusión de dos nuevos criterios que no se tenían en cuenta los años anteriores: la salud fiscal del país y la eficacia de los procesos judiciales. Por otro lado, el país pierde varios enteros en los indicadores de facilidad para hacer negocios y de integridad de la política o ausencia de corrupción.

Las grandes multinacionales extranjeras en España quieren que el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, se implique personalmente en la promoción de las políticas de Investigación, Desarrollo e Innovación (I+D+i). Este es uno de los mensajes más importantes del Decálogo de la innovación que la asociación Multinacionales por Marca España presentó ayer a los secretarios de Estado de I+D+i, Carmen Vela, y para la Sociedad de la Información y Agenda Digital, José María Lasalle, y a Carlos Espinosa de los Monteros, Alto Comisionado para la Marca España.

Los comerciantes que realicen ventas a extranjeros de más de 10.000 euros deberán informar al Servicio Ejecutivo de la Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales (Sepblac). El Ministerio de Economía, Industria y Competitividad prepara una modificación legislativa en la que reducirá de 15.000 a 10.000 euros el importe de los pagos a personas no residentes a partir del cual se aplicarán medidas de prevención de blanqueo de capitales. Fuentes de Economía explican que la modificación en el umbral de estas transacciones no implica una prohibición de los pagos en efectivo a partir de los 10.000 euros, sino la aplicación de las medidas de prevención de blanqueo a los comerciantes que vendan bienes en efectivo a no residentes por encima de este importe.

La agencia internacional Moody’s ha elevado a ‘Baa3’ el rating de los depósitos a largo plazo y de la deuda senior a largo plazo de Kutxabank, ambos con perspectiva positiva. La entidad vasca señala que de este modo mantiene sus calificaciones entre las más elevadas de todo el sistema financiero, y se suma a las sucesivas mejoras publicadas a lo largo de 2017 por las principales agencias de rating internacionales. Moody’s, Fitch y Standard & Poor’s (S&P) sitúan a Kutxabank como una de las entidades financieras con todos sus ratings en grado de Inversión. Cabe recordar que el pasado abril fue Fitch la que mejoró hasta ‘BBB+’ el rating a largo plazo del banco y en febrero Standard & Poor’s elevó de estable a positiva su perspectiva.

La Comisión Europea siguió con muchísima atención los días previos a la celebración en el Congreso de los Diputados del pleno en el que el presidente del Gobierno Mariano Rajoy se jugaba las cuentas de 2017. La lupa de Europa en la negociación presupuestaria era tan evidente que los negociadores del PNV que cerraron el acuerdo para facilitar la aprobación de las cuentas sabían que ese mensaje hacia Bruselas de la «estabilidad institucional» constituía la clave del movimiento de Mariano Rajoy cuando decidió descartar la opción manejada por Cristóbal Montoro de prorrogar las cuentas. Europa premió ayer la apuesta por esa «estabilidad institucional» con el trato otorgado al lehendakari Iñigo Urkullu que mantuvo encuentros con el núcleo duro del Ejecutivo europeo. Con el presidente Jean-Claude Juncker, el supercomisario económico Pierre Moscovici y el negociador para el brexit Guy Verhofstadl, Urkullu reforzó la imagen de Euskadi en el concierto institucional europeo y defendió un escenario de participación política en Europa en el que las «naciones sin estado» compitan con los actuales estados miembros.