20170726

El presidente del CRL, Tomás Arrieta, cree que «es el momento de subir los salarios a niveles más o menos previos a la crisis». Aunque dijo que entiende que «eso es difícil en términos micro para algunas empresas concretas», pero, «en términos macro, hay que subirlos, no solo porque es un mecanismo de reparto de la riqueza, sino porque los salarios son el flujo a través del cual la economía principalmente se mueve». «Aunque entiendo que el ritmo puede ser distinto y las realidades empresariales lo son», añadió. «Hay que arbitrar soluciones específicas para cada caso».

Una negociación colectiva sin pacto salarial. Esto es lo que quiere ahora la CEOE para el próximo año, a tenor de las palabras de ayer de su secretario de Relaciones Laborales, Jordi García Viña. «Que el próximo acuerdo no tenga una referencia salarial a lo mejor puede ser ese mecanismo de modernización que estamos esperando», afirmó durante la presentación de un estudio sobre la evolución de empresas y trabajadores en este siglo. García Viña consideró un «sin sentido» que de todos los temas que se tratan en el Acuerdo para el Empleo y la Negociación Colectiva (AENC), «la única discusión sea el porcentaje» en que se incrementará cada año el sueldo de los trabajadores. Este sistema de recomendar una subida es el que impera en la actualidad –explicó–, pero no ha existido toda la vida. «Se determinó en un momento y ahora puede haber perdido su finalidad», sostuvo, a la par que abogó por modernizar los convenios colectivos y la propia negociación social.

A escasos cinco días para que finalice el plazo que supuestamente se habrían dado patronal y sindicatos para suscribir el Acuerdo para el Empleo y la Negociación Colectiva (AENC) de este año, CEOE decidió ayer volver a modificar su oferta salarial. Frente a la última horquilla propuesta en abril pasado, que establecía un incremento de salarios del 1% al 2% más un 0,5% adicional en función de parámetros como la mejora de la productividad o la reducción del absentismo; en un documento remitido ayer a los sindicatos, la patronal eleva ese suelo hasta el 1,2% y deja igual el techo, en el citado 2,5%.

La negociación colectiva sigue su curso, mientras las grandes confederaciones empresariales, CEOE y Cepyme, y sindicales, CCOO y UGT, no consiguen cerrar un acuerdo de recomendaciones para los convenios de este año. La construcción, el convenio sectorial más importante de toda la economía, con 800.000 trabajadores, cerró el lunes un acuerdo con un incremento salarial del 1,9%, y sin cláusula de revisión salarial. En este caso, los sindicatos del sector no han seguido a sus mayores. Han preferido cerrar sólo una subida del 1,9%, pero han arrancado que las empresas que se presentan a concursos públicos de conservación de carreteras, mantenimiento de calles o hasta limpieza se comprometan a mantener las plantillas. También han conseguido dar prioridad al convenio general firmado el lunes, si tiene mejores condiciones laborales que el de la empresa.

A pesar de la recuperación de la economía, España todavía no ha recuperado los niveles de trabajadores y empresas anteriores a la crisis. Esta es una de las principales conclusiones del informe Estudio sobre la evolución de empresas y trabajadores. Serie histórica 1999-2016, elaborado por CEOE y presentado ayer en la sede de la patronal. Jordi García Viña, director de relaciones laborales de CEOE, explicó que el estudio refleja que el número de trabajadores inscritos en el régimen general de la Seguridad Social todavía se encuentra dos millones por debajo del máximo alcanzado en 2007. Ese año sumaron 14,73 millones afiliados. El número disminuyó hasta el año 2013, siendo en los primeros meses de 2014 cuando inicia su recuperación. A 31 de diciembre pasado, había 12,83 millones de trabajadores en la Seguridad Social.

El Índice de Precios Industriales (IPI) bajó un 0,6% en junio en Euskadi respecto a mayo, pero registró un incremento del 2,3% en relación al mismo mes de 2016, impulsado por los bienes de equipo e intermedios. En lo que va de año, los precios industriales en el País Vasco acumulan un descenso del 0,6%, según datos publicados ayer por el Instituto Nacional de Estadística (INE). En el conjunto del Estado, los precios industriales subieron un 0,1% en junio en relación al mes anterior y se incrementaron un 3,2% interanual, una tasa dos puntos inferior a la registrada en mayo.

La recuperación se asienta, pero la eurozona sigue siendo un manojo de riesgos. El FMI alerta de que los países más endeudados de Europa deberían aprovechar la bonanza para generar colchones fiscales para la próxima crisis. Cree que es una pésima idea que el BCE dé la más mínima señal de levantar el pie del acelerador de los estímulos. Y advierte que los riesgos políticos siguen ahí: el Fondo subraya que la convergencia económica brilla por su ausencia, y avisa de que la brecha Norte-Sur puede poner en peligro la unión monetaria si no se ataja.

Hoy se presenta la ponencia y mañana se votará en Comisión del Congreso –se da por hecho que el Gobierno tiene apoyos suficientes– la nueva Ley de Contratos Públicos. Por primera vez se va a crear un organismo independiente para la supervisión y regulación de la contratación pública, lo que puede suponer un giro radical a la forma de proceder hasta la fecha en unos procesos que suponen casi 200.000 millones al año (el 20% del PIB). En un momento en el que los casos de corrupción tienen copada la actualidad política –en todos los niveles de la Administración– va a ver la luz verde una ley que transpone dos directivas europeas y va a implicar un cambio de las reglas del juego que, de haber estado aprobadas en su momento, hubieran evitado muchos de los sinsabores de hoy.

Jaime Caruana, gobernador del Banco de España entre 2000 y 2006, cuando se calentó la burbuja inmobiliaria, defendió su actuación ante la Comisión del Congreso que investiga la crisis financiera. «El Banco de España actuó ante el crecimiento del crédito, pero fue insuficiente porque no había herramientas» para frenarlo. Todos los partidos, incluido el PP, criticaron con gran dureza su inacción e ineficacia, así como no haber pedido normas para actuar antes. Caruana señaló que el Banco de España tomó medidas que en su momento fueron «novedosas» y «muy criticadas» por los bancos, como las provisiones anticíclicas para frenar futuras crisis. En su opinión, esto le permitió retrasar un par de años el efecto de la crisis a la banca española. Aun así, el que fuera gobernador bajo el Gobierno de Aznar admitió que estas medidas extraordinarias fueron insuficientes porque hubo dos crisis conjuntas, la global y la del euro «y la normativa no estaba preparado para un colapso de esa naturaleza».

El comité de expertos para la reforma de la financiación de las entidades locales entregará hoy el informe al Ministerio de Hacienda. Los sabios consideran que hay que reforzar la financiación de los Ayuntamientos. Proponen crear un impuesto turístico que gravaría las pernoctaciones hoteleras. El tributo no sería obligatorio, los alcaldes podrían establecerlo de forma voluntaria. Aunque los expertos plantean una armonización de la normativa para que no haya discrepancias. El informe de los sabios también plantea cambios en el impuesto sobre plusvalías para adaptarlo a la nueva doctrina del Constitucional.

La internacionalización de las empresas está en boca de todos pero, por poner un ejemplo, no es fácil para una pequeña calderería de Legazpi salir al exterior y competir en el mercado global. Probablemente fabrique piezas excelentes y sus operarios sean los mejores, pero carece de experiencia para batirse en el extranjero. La Cámara de Comercio de Gipuzkoa, en colaboración con la Diputación, ha puesto en marcha este año el programa Lagundex precisamente para ayudar a las pymes guipuzcoanas a lograr contratos en el mercado global. La apuesta es clave para Gipuzkoa. El 97% de su tejido industrial está formado por pequeñas y medianas empresas, la mayor parte de ellas con menos de diez empleados.

El Ministerio de Industria ha autorizado la explotación durante los próximos 30 años del yacimiento Viura, en La Rioja, a una empresa en la que participan el Gobierno vasco (37,69%), Unión Fenosa (58,79%) y Oil and Gas Skills (3,51%). Esta concesión es la primera que se aprueba en España en 21 años y, según la compañía adjudicataria, se podrá obtener hasta un millón de metros cúbicos de metano al día. «Hay gas de calidad y en cantidad suficiente», explica un responsable de la Sociedad de Hidrocarburos de Euskadi.

Mariano Rajoy e Iñigo Urkullu han constatado que el mejor modo de avanzar en la mejora de sus relaciones es a través de la discreción. De los siete encuentros mantenidos por ambos desde que el primero es presidente del Gobierno, cinco han sido en secreto. El último, la pasada semana. El lehendakari puso sobre la mesa la lista de transferencias pendientes al Gobierno vasco como condición para que sea posible negociar los próximos Presupuestos Generales del Estado.