20170730

A veces, la actitud es lo más importante.  Esta cualidad tan intangible es fundamental en todos los órdenes de la vida, y vital en el desempeño profesional. Tanto, que el año pasado Confebask publicó un estudio donde se revelaba que ese era el aspecto prioritario que tienen en cuenta los empresarios vascos a la hora de contratar. Y, lo que es más preocupante, la mitad de quienes aprecian dificultades para dar con la persona adecuada no contratan, precisamente, por la falta de actitud de los candidatos, entendida esta como la capacidad de ser polivalentes, proactivos, con iniciativa...El problema ahora va más allá y llega a las plantillas de las empresas. No son pocos los directivos vascos que se duelen, de puertas para dentro, de la creciente falta de compromiso de sus empleados, de la menor implicación con la firma en la que trabajan... Expertos en Recursos Humanos y en intermediación laboral confirman esta tendencia y la achacan, esencialmente, a dos factores: la caída en la calidad del empleo, que tiene como consecuencia la desmotivación del personal; y un cambio generacional que provoca la llegada al mercado de gente con valores diferentes.

Confebask prefiere no pronunciarse sobre el estado de ánimo de las plantillas porque carece de datos con los que medir esa realidad. Sin embargo, rechaza la tesis de que el desánimo esté motivado por la precariedad que existe en el mercado laboral. En este sentido, Confebask se remite a la tesis defendida esta semana, en la que considera que esa precariedad «no es la norma», sino una «realidad marginal». En esos términos rechazaba las alertas lanzadas por organismos sociolaborales como el Consejo Económico y Social vasco (CES), que advierte sobre el creciente número de personas que, pese a tener un trabajo, son pobres; y el Consejo de Relaciones Laborales (CRL), alertando sobre «la caída significativa en la calidad del empleo según todos los parámetros».

El último informe Global Entrepreneurship Monitor (GEM) ha caído como un jarro de agua fría sobre Euskadi: está a la cola de España en emprendedores, es decir, en el número de personas que prevén iniciar un nuevo negocio. En el ranking por comunidades, se sitúa la cuarta por abajo, solo por delante de Melilla, Ceuta y Asturias. De este pésimo resultado solo consuela que el tipo de empresas que se inician presentan un índice de calidad alto (tecnología, nichos de mercado, empleo). Atendiendo a este criterio, escala en el ranking, pero sin alcanzar los puestos de cabeza. Los especialistas coinciden en que estas horas bajas para el emprendimiento se explican, entre otras razones, por su poca valoración social, que entronca con un sistema educativo que no incentiva el riesgo.

El impulso emprendedor se ha reducido en los últimos años. Así lo asegura María Saiz, directora del informe GEM en Euskadi y del master de Emprendimiento y Dirección de Empresas de la UPV. Afirma que Euskadi presenta un «déficit en nuevos proyectos» empresariales y carencias en el sistema educativo. En el lado positivo de la balanza, Saiz señala que contamos con una «red de apoyo público privilegiada», donde la Administración cubre la falta de financiación de la Banca.

El PIB ha restablecido los niveles perdidos de 2008. Sin embargo, el descontento persiste. Y en los números se puede explicar una parte de ese malestar. En primer lugar, se está produciendo lo mismo con 1,9 millones de empleos menos. Eso supone una ganancia de competitividad brutal. Pero mucha gente se ha quedado fuera. Según un estudio de BBVA, el 80% de la desigualdad generada se debe al desempleo. Y eso se traduce en que las rentas del trabajo han perdido su peso en el PIB. En 2008 representaban el 50%, frente al 41,3% de las empresas y el 8,8% de impuestos. Con datos del primer trimestre de 2017, el reparto es del 46,9% para los asalariados, el 42,8% para las empresas y el 10,2% para los impuestos. Estas cifras hay que tratarlas con cautela, pues las rentas empresariales incluyen a los autónomos o la imputación de alquileres. Y esos impuestos son los indirectos. Pero en cualquier caso se vislumbra un patrón.

El mercado laboral en España todavía sigue fuertemente deteriorado tras una crisis que se ha llevado por delante más de 3,5 millones de empleos y que dejó cifras jamás vistas, con casi 6,3 millones de parados en ese año crítico de 2013. En estos duros ejercicios, dos fueron los colectivos heridos de muerte y que aún están muy lejos de recuperarse de semejante golpe: los parados de larga duración y los jóvenes. Y es que en este segundo trimestre de 2017 todavía hay 1.069.000 menores de 30 años en desempleo pese a haberse reducido en 710.000 desde 2013. Esto supone que tres de cada diez quieren trabajar y no pueden, puesto que la población activa de este colectivo asciende a casi 3,6 millones. Respecto al empleo, la situación tampoco pinta nada bien. Así, en la actualidad hay 2,5 millones menores de 30 años trabajando, la mitad que antes de la crisis: en 2007 la cifra de ocupados en este colectivo prácticamente se situaba en los 5 millones.

El País Vasco contabilizó, en los seis primeros meses del año, un total de 105 huelgas, con 26.640 participantes y 48.264 jornadas no trabajadas. Esto supone un ascenso interanual del 17,4% Según datos del último informe del Consejo de Relaciones Laborales (CRL), el número de participantes en las huelgas entre enero y junio creció un 267%. Además, el número de paros secundados aumentó un 22% anual. En Álava hubo 18 paros con 4.489 participantes y 5.744 jornadas perdidas (646% más). En Bizkaia, 42 huelgas con 12.033 participantes y 22.049 jornadas (18,5% más). En Gipuzkoa fueron 45 los paros, que conllevaron 20.471 jornadas perdidas (-5,8%) al ser seguidos por 10.118 empleados.

La reforma laboral aprobada en 2012 por el Gobierno de Mariano Rajoy ha logrado uno de sus grandes objetivos como era aligerar la factura de los despidos. La rebaja de las indemnizaciones a partir de febrero de aquel año disparó el número de rupturas de contrato y el volumen de dinero destinado por las empresas a este fin, que en el caso de la CAV alcanzó el máximo en 2013 con 430 euros por trabajador, unos 375 millones en total. Desde entonces, la recuperación económica y el propio efecto de la reforma han hecho que el dinero dedicado a indemnizaciones caiga con fuerza hasta los 131 euros por asalariado del pasado año, 118 millones de euros, menos de un tercio de lo abonado en el pico de 2013. Así se recoge en la Encuesta Anual de Coste Laboral del INE correspondiente a 2016, que en lo referente a Euskadi da cuenta de una nueva bajada de los costes por trabajador como sucedió también en 2014 y 2015. La clave de este retroceso está en los salarios, que en buena parte de sectores y empresas continúan congelados mientras las nuevas contrataciones se realizan con nóminas muy inferiores a las de las personas que dejan de trabajar por jubilación. El coste salarial baja el 1,1% y queda por debajo de 26.500 euros en 2016.

Los gobiernos central y vasco entablarán a partir de septiembre negociaciones para pactar la posible transferencia a Euskadi de dos competencias ahora en manos del Estado: la asunción de la gestión económica de la Seguridad Social y de las prisiones ubicadas en la comunidad autónoma. Y el anuncio de que las conversaciones arrancarán en pocas semanas ha disparado las valoraciones, comentarios y opiniones desde ambos gabinetes y los partidos implicados, en la mayor parte de los casos contrapuestas. El portavoz del Gobierno vasco y consejero de Gobernanza Pública y Autogobierno, Josu Erkoreka, terció ayer en esa polémica y aclaró que el Ejecutivo autónomo «negociará con Madrid el cumplimiento del Estatuto tal como está» redactado. Por ello, considera que la acusación que se realiza desde algunos sectores políticos de que Euskadi quiere con su demanda romper la ‘caja única’ de la Seguridad Social es «estrambótica» porque ese concepto no aparece ni en el texto estatutario ni en la Constitución, sino que es un término que «se inventó el Tribunal Constitucional».

«El problema de las pensiones en Euskadi y Nafarroa respecto al Estado no es un problema del 1% del PIB, más o menos, sino de otra magnitud mucho mayor e incluso, de legitimación del papel del Estado y los poderes públicos en esta materia clave», sostiene la propuesta para constituir un Sistema Propio de Seguridad Social y Pensiones aprobada por la Asamblea General del PNV celebrada en Pamplona en febrero de 2016. El documento no sólo constituye la guía que marca el rumbo de las propuestas políticas de los nacionalistas en un aún aletargado debate sobre el autogobierno sino que fundamenta la relevancia que el Gobierno vasco integrado por PNV y PSE-EE ha dado a la reclamación de transferencia del régimen económico de la Seguridad Social. La aceptación por parte del presidente del Gobierno Mariano Rajoy de la propuesta que el pasado miércoles día 19 le trasladó en La Moncloa Iñigo Urkullu de cara a negociar la transferencia de las competencias pendientes ha situado en el centro del debate político la dimensión real de la «gestión del régimen económico de la Seguridad Social» contemplado en el artículo 18.2 del Estatuto de Gernika.

El lehendakari ha remitido un centenar de cartas a presidentes autonómicos, representantes políticos, líderes de opinión y miembros del cuerpo diplomático en defensa del Concierto Económico. Persigue «ayudar a interpretar la naturaleza jurídica y política de la automía fiscal» vasca en un momento en el que, tras el pacto entre Mariano Rajoy y el PNV, ha vuelto a cuestionarse este pilar del autogobierno. Urkullu quiere contrarrestar lugares comunes sobre el Concierto, como que es un «privilegio».

Cuando se afilió al sindicato en su juventud, nunca pensó que llegaría tan lejos, pero el recién elegido secretario general de CCOO, Unai Sordo, afronta el reto que tiene por delante con entusiasmo y con un claro objetivo: acercar al sindicato a la nueva realidad laboral.

Casi siete décadas después de su fundación, el panorama económico es aparentemente halagüeño para Israel. Roza el pleno empleo, con una tasa de paro inferior al 5%. La inflación ha sido domada y es ahora inexistente o negativa. La divisa nacional, el shequel, se ha revalorizado frente al euro un 14% en los dos últimos años. Vivir en Israel es un 20% más caro que en España, cuyo coste de la vida viene a coincidir con la media de los países de la OCDE, aunque el salario mínimo ronda los 1.200 euros mensuales. José María Blasco, consejero económico y comercial de la Embajada de España en Tel Aviv, coincide en destacar el éxito económico de Israel, pero señala también los riesgos de una desaceleración de la competitividad derivados de los altos costes de producción y de una baja productividad.   Israel solo alcanza el 76% del nivel de productividad medio de la OCDE, y en el índice sobre la facilidad para hacer negocios del Banco Mundial se sitúa en el puesto 52 (España ocupa el lugar número 32 en una lista en la que EE UU se halla en octava posición y que cierra Turquía (69).

«En diciembre pasado, las Juntas Generales de Gipuzkoa aprobaron unas modificaciones a la Norma Foral del lRPF para incentivar la participación de las personas trabajadoras en el capital social de la empresa. Los motivos principales recogidos en el preámbulo están orientados a potenciar el tejido productivo, fortalecer el arraigo y la inversión empresarial a través de la participación, además de buscar que los trabajadores participen en la gestión y en la toma de decisiones estratégicas, en beneficio de la sostenibilidad y desarrollo del proyecto empresarial. Las modificaciones fundamentales introducidas están orientadas a una mayor seguridad jurídica en estas transacciones, al haber clarificado determinados conceptos y establecido limitaciones a la posible aplicación de presunciones que perjudicaban, complicaban o paralizaban posibles decisiones de participación».