20171029

La economía española ha mantenido un ritmo sostenido los primeros nueve meses del año, entre un avance del 0,8% y 0,9% del PIB trimestral. Una inercia positiva que no se frenará en el tramo final del curso a pesar de la crisis catalana. Al menos esa es la previsión de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) de cara al cuarto trimestre de 2017 –para 2018 sus proyecciones son bastante más pesimistas–. El organismo que preside José Luis Escrivá estima que el PIB avanzará un 0,78% entre octubre y diciembre, lo que supone mantener el ritmo del 0,8% del tercer trimestre, una cifra adelantada por el Banco de España que deberá confirmarla mañana el Instituto Nacional de Estadística (INE).

El de vigilante de seguridad se ha convertido en uno de los oficios más precarios del país, un colectivo con una plantilla de más de 123.000 personas que este verano copó la actualidad por la huelga que protagonizaron en el aeropuerto de Barcelona. Como ellos, son muchos –más de 1,2 millones de personas solo en diez profesiones– los que trabajan en España en condiciones ínfimas y con salarios muy bajos, más si se tienen en cuenta los peligros que pueden acecharles en el desempeño de su jornada laboral, como las palizas que sufren los vigilantes de metro por grupos violentos o el riesgo que asumen los que velan por instituciones amenazadas por el terrorismo.

Según los datos de la Encuesta de Población Activa (EPA) del tercer trimestre de 2017, existen 1,15 millones de puestos de trabajo en el sector de la construcción, frente a los 2,4 millones que había en el mismo trimestre de 2008, y que incluso llegó a caer hasta situarse en los 942.000 en el primer trimestre de 2014. Al mismo tiempo, desde la crisis se han creado unos 400.000 empleos en el sector de la hostelería, que ahora llega hasta los 1,7 millones. Los dos sectores generan mucho trabajo precario e inestable. El 42,8% de los contratos de hostelería son temporales, y un 41,6% en la construcción. Son actividades que en sus buenas épocas  crean empleo muy rápido; a la misma velocidad que lo destruyen en los malos tiempos. Además, el sueldo está por debajo de la media de 14,8 euros por hora: 13,2 euros en construcción y 9,4 en hostelería.

Rechaza la idea de que alguien haya intentado presionar a los empresarios catalanes, especialmente a las compañías más grandes, para que inicien un éxodo y huyan del terremoto institucional que se ha desatado en su territorio. Más bien al contrario, está convencido de que quienes han tomado la decisión de irse lo han hecho «con pena» pero con la responsabilidad de tener que defender un negocio que, de otra forma, corría peligro. Antonio Garamendi, vicepresidente de la patronal española CEOE y presidente de CEPYME, la organización que agrupa a las pequeñas y medianas empresas, no duda de que en Euskadi se reproduciría un movimiento idéntico de salida masiva de compañías si en algún momento se reprodujera un conflicto soberanista como el de Cataluña.

El Preco resolvió desde el 1 de enero al 31 de septiembre de este año un total de 332 conflictos en Euskadi, lo que engloba a un total de 99.012 trabajadores vascos afectados. De todos ellos, sólo el 26,2% –el equivalente a 87 disputas y 10.253 operarios– acabó con acuerdo o laudo, según los datos facilitados ayer por el Consejo de Relaciones Laborales (CRL). Las estadísticas reflejan que 206 de los conflictos originados en Euskadi y gestionados por este servicio público del CRL en los nueve primeros meses acabaron en desacuerdo (62% del total y 64.792 empleados) y doce –que afectaron a 13.267 trabajadores– fueron intentados sin efecto. Hasta finales de septiembre, el Preco recibió 359 litigios que afectan a 105.378 trabajadores del País Vasco.

Estamos a las puertas de uno de los cambios fiscales más importantes en Euskadi y que modificará la forma de relacionarse entre las empresas y la Hacienda foral dando un paso decidido hacia la digitalización y agilización de todos los trámites fiscales. El Suministro Inmediato de Información (SII), la facturación del IVA en tiempo real, será de obligado cumplimiento para unas 4.000 compañías vascas a partir del próximo 1 de enero, aunque en España ya llevan desde el pasado 1 de julio aplicando la medida. En las últimas semana se vienen celebrando numerosas jornadas aclarativas organizadas por asesorías o por la propia patronal Adegi, y en las que responsables de la Hacienda foral tratan de explicar a los empresarios las claves del nuevo sistema, su transcendencia y los objetivos que se buscan con su implantación.

La nueva normativa sobre contrataciones públicas, que pone a España en línea con Europa, ha tardado en llegar más de lo previsto. El plazo para adaptar tres directivas comunitarias de 2014 venció el 18 de abril de 2016, pero el Gobierno no aprobó el proyecto de ley hasta siete meses después. Tal demora, justificada desde el Ministerio de Economía en que el Ejecutivo estuvo casi en funciones el pasado noviembre, provocó que Bruselas abriera un procedimiento de infracción a España. De hecho, podría enfrentarse a una sanción económica, como en la reforma de la estiba.

La incipiente recuperación económica en Euskadi no parece llegar a todos por igual, y el colectivo de autónomos es uno de los que no se benefician del incremento de actividad. Según los datos que maneja la sección vasca de la Unión Profesional de Trabajadores Autónomos UPTA, en Gipuzkoa se han perdido 607 empleados por cuenta propia durante los primeros nueve meses del año, a pesar de que durante el mes de septiembre se haya producido un repunte. Uno de los principales motivos que explican esta negativa evolución se encuentra en el promedio de vida de los nuevos negocios que, en Gipuzkoa, no supera el año en el 80% de los casos.

Los banqueros centrales aparecen ante la opinión pública como todopoderosos hombres y mujeres capaces de revolucionar la política monetaria con tan solo un chasquido de dedos. Stanley Fischer, el recién dimitido vicepresidente de la Reserva Federal (Fed) de EE UU, explicaba hace un año los peligros de unos tipos de interés en niveles históricamente bajos. Y lanzaba un reto a los que le escuchaban ese día en Nueva York. «Muchos de ustedes se preguntarán: ‘Si a usted y a sus colegas de la Fed no les gusta esta situación, ¿por qué no suben los tipos simplemente?’ Hoy quiero convencerles de que eso no es tan simple; y de que algunos factores sobre los que la Reserva Federal tiene escasa influencia —como la innovación tecnológica o la demografía— contribuyen a esos bajos niveles», aseguraba el entonces número dos del banco central más poderoso del mundo.

La última edición de la Evaluación de la Estabilidad del Sistema Financiero, que el Fondo Monetario Internacional (FMI) elabora para España cada cinco años señala una serie de puntos débiles en el sistema bancario español que pueden comprometer su futuro, sobre todo cuando el BCE empiece a eliminar sus estímulos monetarios. Entre esos problemas están de créditos irrecuperables, activos –sobre todo, pisos– de valor inferior al reflejado en los balances, y un sistema regulatorio anticuado. Los mayores problemas se concentran, al igual que en la crisis de 2010-2013, en los bancos medianos. Pero, por encima de todo, el mayor problema de la banca española es la dependencia del BCE para su financiación. La elaboración del informe ha durado 10 meses, y ha sido dirigida por Udaibir Das, director asistente del Departamento Financiero del Fondo.

Las familias monoparentales, formadas en un 80% por mujeres, ya son 1,9 millones de los hogares según el INE, y son las que más crecen en España. De hecho son las únicas que aumentan tras el colectivo de mayores de 65 años. Con rentas menores, tienen más dificultades para llegar a fin de mes, pero empiezan a salir del anonimato para las empresas, porque representan un 10,7% de los hogares y cada año arañan unas décimas a ese porcentaje. Sin apenas atención por parte de las políticas públicas, el colectivo soporta importantes cargas y figura en todos los estudios como una masa social heterogénea especialmente vulnerable por tener, normalmente, una única fuente de ingresos y muchos problemas.  Según el último informe Foessa elaborado por Cáritas, mientras que la exclusión social afecta al 21,9% de las familias de forma global, este porcentaje se eleva al 34% de los hogares monoparentales cuya sustentadora principal es una mujer.

Los sindicatos ELA, LAB y ESK en la planta de Mercedes-Benz en Vitoria desvelaron ayer que Inspección de Trabajo ha constatado que existen «contratos en fraude de ley» en la planta automovilística de la capital alavesa, un hecho que «ha quedado corroborado con una primera sentencia que ha dado la razón a un trabajador eventual». Estas tres centrales –que se quedaron al margen del convenio y que tampoco firmaron el acuerdo laboral para la incorporación de 1.350 indefinidos antes de acabar este año– presentaron en septiembre una denuncia ante Inspección al considerar que en Mercedes «hay más de 500 eventuales que incumplen la normativa».

Las posibilidades de sobrevivir a un concurso de acreedores son muy remotas y eso que la ley se ha reformado varias veces para propiciar una segunda oportunidad a las empresas. Los convenios para rebajar y aplazar la deuda son muy escasos y en la mayoría de casos se incumplen porque el negocio no remonta, lo que conduce a la firma a la liquidación. En estas circunstancias, lo mejor que puede pasar es que un inversor compre el negocio y le dé continuidad, manteniendo el empleo y la actividad del entorno. Pero también esta solución presenta grandes dificultades como evidencian los casos de Fagor-CNA y Vicrila.

El PNV y el PSE no quieren que la estabilidad institucional en Euskadi se vea afectada por la eventual aplicación del 155 en Cataluña. Ambas formaciones, cuya alianza se extiende al Gobierno vasco, a las tres diputaciones y a los Ayuntamientos de las capitales vascas, van a preservar el pacto de legislatura como la hoja de ruta a seguir en las instituciones vascas más allá de que afloren diferencias entre los partidos en torno a la intervención de la autonomía catalana, una medida que los nacionalistas no apoyan.

El día después de que los independentistas catalanes consumaran su ruptura con España y de que el Gobierno decidiera la destitución de todo el Govern y la convocatoria de elecciones el 21-D, fue aprovechado por Carles Puigdemont para mostrar que sigue manteniendo el pulso con el Ejecutivo de Madrid. El mandatario catalán lanzó un discurso televisado para transmitir dos mensajes a la ciudadanía. Por un lado, quiso dejar claro que no se considera destituido de su cargo y, por otro, llamó a la resistencia pacífica para defender el autogobierno.

La resaca de una semana de máxima tensión en Cataluña tendrá consecuencias en la sintonía que el PNV y el PP habían labrado en los últimos meses con diversos acuerdos en Madrid: esa capacidad de entendimiento quedó sepultada el viernes con la aplicación del artículo 155 de la Constitución por parte de Mariano Rajoy. El presidente del EBB, Andoni Ortuzar, se había volcado en las dos últimas semanas, al igual que el lehendakari Iñigo Urkullu, en hacer de puente entre el Gobierno central y la Generalitat para evitar el choque de trenes institucional, que terminó produciéndose con la declaración de independencia del Parlament y la posterior puesta en marcha del 155. Al hacer balance del fracaso de una solución pactada entre ambas partes, fuentes del EBB sitúan la mayor responsabilidad en el presidente del Gobierno, mientras que apenas cargan las tintas en la actitud mantenida por el presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, en los últimos días.