20171204

Las reticencias y críticas al Cupo vasco, aprobado en el Congreso con el voto en contra de Ciudadanos y Compromís se mantienen. Madrid y Andalucía han pedido ya al Ministerio de Hacienda que se reformule el Cupo y que tanto el País Vasco como Navarra, que también cuenta con un régimen especial, realicen aportaciones a un fondo común en el marco de la financiación autonómica. Consideran que así se aseguraría la prestación equitativa de los servicios básicos. A esta última propuesta se suma también la Comunidad Valenciana, una de las peor financiadas junto a Murcia, que también acercan posturas ante la reforma del sistema de financiación. Además de la revisión del Cupo vasco, la presidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes, ha reclamado en sus aportaciones al ministerio más inversión para una región «claramente infrafinanciada» y, por ello, ha pedido que las comunidades vasca y navarra aporten medios a la solidaridad nacional.

El lehendakari, Iñigo Urkullu, cree que el Concierto Económico vasco puede servir de referencia para abordar el polémico debate que se ha abierto en torno a la reforma de la financiación de las autonomías. Así lo propone en un artículo de opinión, en el que argumenta lo siguiente: «El sistema de Concierto se asienta sobre el principio de responsabilidad fiscal y financiera y, lo realmente constructivo, sería analizarlo como modelo de referencia que permita avanzar en un nuevo sistema descentralizado de financiación que resulte más eficiente, justo y solidario». Urkullu hace una cerrada defensa del Cupo y considera que el Concierto «no es un régimen de privilegio; es un sistema justo y solidario en el que Euskadi asume un riesgo unilateral». El lehendakari explica, además, que el modelo vasco «es un régimen fiscal transparente, de forma que si Euskadi quiere gastar más en servicios debe proceder a subir los impuestos o bien a recortar otros gastos propios», y asegura que no favorece «la reducción de impuestos ni posibilita que Euskadi sea un paraíso fiscal».

«El Concierto Económico y el Cupo proceden de una relación histórica basada en el pacto y la autorresponsabilidad fiscal y financiera. No es un régimen de privilegio, sino un sistema eficiente y transparente a la hora de administrar los recursos».

Muchos trabajadores interinos –se cuentan por miles–, también los temporales –otros muchos miles–, los sindicatos, las administraciones, los gobiernos y en última instancia los jueces están a la espera de que el Tribunal de Justicia de la UE (TJUE) resuelva la cuestión prejudicial que ha planteado el Supremo para aclarar de una forma definitiva si se debe equiparar la indemnización por despido de los trabajadores interinos con la de los empleados fijos, y si esa doctrina es extensible también a todos los temporales, tanto en el ámbito público como en el privado. Parece que el pronunciamiento del TJUE será cuestión de pocas semanas, al menos así lo espera la Sala IV del Supremo encargada de resolver el caso original que dio pie a la primera sentencia del Tribunal Europeo, dictada el 14 de septiembre de 2016.

La creación de empleo se mantuvo firme en el tercer trimestre del año, con la generación de 235.900 puestos de trabajo en los últimos tres meses, de acuerdo con los datos de la Encuesta de Población Activa, publicada hace unas semanas. El mercado laboral ha sorteado la desaceleración anticipada por la afiliación a la Seguridad Seguridad durante los meses de julio y agosto. En tasa interanual, el número de ocupados aumentó en 521.700 personas, el ritmo más elevado desde el primer trimestre de 2016, liderado por la Administración Pública, la informática, la sanidad, las actividades profesionales y la construcción especializada. En total, 61 sectores concentraron la creación de 668.000 puestos de trabajo durante el último año.

Un informe de la aseguradora de crédito Euler Hermes advierte que este año se van a aplicar 400 nuevas medidas proteccionistas, de las que casi una cuarta parte (87) proceden de EE UU. El informe resalta este último dato, ya la economía estadounidense representa el 30% del consumo privado mundial, y señala como principales perjudicados a China y Canadá. El virus del proteccionismo, sin embargo, se ha extendido más allá de EE UU y amenaza con ralentizar el crecimiento exponencial del sector exterior en España desde 2009. El principal obstáculo en el horizonte son las barreras arancelarias o no arancelarias detectadas por las empresas españolas fuera de la UE. Los datos del Ministerio de Economía apuntan que hasta finales de noviembre se habían elevado 236 denuncias por proteccionismo comercial, lo que supone la cifra más elevada desde que se empezó a elaborar este registro en 2011.

Hace tiempo que una marea de conductores y repartidores surgidos al calor de la revolución digital surcan las ciudades. Ahora, este colectivo se organiza para luchar contra la precariedad. Mientras en Reino Unido un tribunal obliga a Uber a reconocer a sus conductores como asalariados, en España los que trabajan sobre bicicletas o motos a golpe de aplicación móvil fundan asociaciones para defender sus derechos y protagonizan huelgas. UGT ha creado una web que atienda sus reclamaciones. Y compañías como Deliveroo se enfrentan a demandas de los descontentos con unas condiciones que diluyen al máximo el vínculo laboral.

Poco a poco la confianza en la buena marcha de la economía y en que esta se mantenga al menos en un futuro próximo se extiende por el tejido empresarial vasco. Así, por ejemplo, el 83% de las empresas familiares vascas expresa una opinión «positiva» o «muy positiva» sobre la evolución de sus negocios en los próximos 12 meses, y sólo el 4% muestra su preocupación por ese futuro a corto plazo, frente al 10% que lo hacían en 2016. Estos datos se desprenden del ‘Barómetro de la Empresa Familiar’, elaborado por la consultora KPMG en colaboración con la Asociación de la Empresa Familiar de Euskadi, AEFAME, en lo que a su edición para el País Vasco se refiere.

La industria vasca de componentes de automoción es hoy la joya de la corona del sector industrial de Euskadi. Con empresas de primer nivel mundial como Gestamp o CIE Automotive a la cabeza, el sector afronta unos años magníficos, con récord de resultados y facturación, pero «lo que hemos hecho  hasta ahora no sirve para el futuro», recuerda Oskar Goitia, vicepresidente Internacional de la Corporación Mondragon y representante de la división de Automoción en el cluster vasco del sector, ACICAE. Y no sirve porque el futuro del automóvil pasa por su electrificación y su automatización. Y ello es todo un reto para la industria vasca del sector cuyo peso en elementos como motores eléctricos, baterías o software, claves en el coche del futuro, es, hoy por hoy, muy inferior al que tiene en chasis, suspensiones o motores de combustión.

La protección de los denunciantes de posibles casos de corrupción o cualquier otra práctica que socave el orden social, económico o medioambiental puede convertirse en el nuevo frente entre el poder ejecutivo en la UE, la Comisión y el Consejo, y el político representado en el Parlamento europeo. Y es que éste último ha pedido a los primeros que adopten «antes de que finalice 2017» una serie de medidas para amparar –y de forma indirecta promover– las actuaciones de esos ‘alertadores’ o ‘whistle-blowers’, como se les conoce en inglés, pero en Bruselas no parecen tener muchas prisas al respecto e incluso quieren hacer cambios en el proyecto.

En 2015 se aprobó la ley de Derecho Civil Vasco cuyo contenido central afecta principalmente a las sucesiones y al régimen económico matrimonial, aspectos de gran relevancia e incidencia en la empresa familiar vasca. Las Diputaciones ya han realizado el desarrollo normativo fiscal que, a juicio del experto Ernesto Ibarrondo, pone a disposición de las empresas familiares nuevas herramientas para planificar la sucesión.

«[…]Hace menos de dos meses -el 9 de octubre- un documento oficial de Confebask tasaba en 6.000 nuevos empleos la bajada de cuatro puntos en el tipo nominal del Impuesto de Sociedades, calculando que cada punto porcentual de rebaja «equivale a liberar el pago de impuestos a las empresas vascas por valor de 70 millones de euros». […]Hasta aquí nos llega la tocata empresarial previa a la pretendida bajada del impuesto que se ha hecho realidad esta pasada semana.  […] Sin embargo, he aquí como la tocata fiscal se metamorfosea en una fuga salarial cuando el presidente de los empresarios vizcaínos critica que se demande a los empresarios que dinamicen la economía «a golpe de subida salarial». «No se nos puede achacar a nosotros esa responsabilidad». Visto lo visto, qué quieren que les diga ... Me parece que estamos ante una nueva contradicción de los empresarios, salvo que tengan una fórmula mágica y secreta para casar, coherentemente, la exigencia fiscal para los empleadores y la negativa salarial para los empleados».

«Comencemos por los números inapelables que arrojan todos los análisis empíricos realizados en estos últimos quince años sobre la financiación de las comunidades autónomas. Demuestran que con un igual esfuerzo fiscal y para atender a un conjunto homogéneo de competencias las comunidades forales disponen, gracias a su particular sistema, de una financiación que es el doble de la media que tienen las comunidades de régimen común. El resultado se confirma en lo esencial si comparamos más exactamente a Euskadi (205%) con una comunidad que tiene su mismo o superior nivel de riqueza como Madrid (97,80%)».