20181019

La Comisión Europea duda de las cuentas del Gobierno español para 2019 y enviará una carta hoy mismo pidiendo más explicaciones. Esto no quiere decir que el Ejecutivo comunitario vaya a tumbar los presupuestos -eso jamás ha ocurrido antes en la Unión Europea- pero sí que en Bruselas necesitan más aclaraciones para poder creérselos. Los recelos del Ejecutivo comunitario se centran sobre todo en las cifras de recaudación, según explican fuentes comunitarias conocedoras de la situación, que señalan que va a haber más países que reciban este tipo de misivas (Italia entre ellos, pero no solo).

La segunda ronda de las negociaciones sobre las Cuentas vascas ya está en marcha. Después de que el Gobierno haya mantenido durante las semanas previas un primer encuentro de cortesía con todas las fuerzas de la oposición, PSE y EH Bildu se reunieron ayer para calibrar las posibilidades de alcanzar una entente que permita al Gabinete Urkullu salvar su minoría parlamentaria. El encuentro fue breve, apenas 45 minutos, pero ambas partes destacaron posteriormente el «bueno tono» de la conversación. Portavoces socialistas aplaudieron incluso la «disposición real» de la coalición soberanista a aprobar las Cuentas, «algo que no todo el mundo tiene», añadieron.

El Tribunal Supremo se corrige a sí mismo y propina un nuevo revés a los bancos. Modifica su jurisprudencia y establece ahora que el impuesto sobre actos jurídicos documentados, que se paga por las escrituras ante notario de las hipotecas, lo tienen que abonar las entidades que prestan el dinero y no el cliente como hasta ahora. La pregunta que queda en el aire es si ese cambio tiene carácter retroactivo o no: es decir, si afecta solo a las hipotecas nuevas o a miles de ellas ya concedidas. De esa cuestión depende una factura de miles de millones para los bancos, que ayer sufrieron un duro castigo en Bolsa.  En lo que respecta a Euskadi, la sentencia tendrá un efecto limitado, ya que hasta ahora las hipotecas referidas a la vivienda habitual o primera vivienda, las más comunes, no debían abonar a las Haciendas ese gravamen.

En línea con la decisión tomada por la Agencia Estatal Tributaria a raíz de la reciente sentencia del Tribunal Supremo, que declaraba exentas del IRPF las prestaciones de la baja por maternidad de 16 semanas que otorga la Seguridad Social –y la consiguiente devolución de las retenciones practicadas–, las haciendas forales vascas acordaron ayer devolver las retenciones realizadas en el IRPF por dichas prestaciones, y adaptar la normativa para que a partir de ahora queden exentas de tributación. La decisión fue adoptada en el Órgano de Coordinación Tributaria celebrado en Vitoria entre las diputaciones de Bizkaia, Álava y Gipuzkoa y al Gobierno vasco. Las tres coincidieron en señalar que la sentencia del Supremo no afectaba directamente a las normativas fiscales vascas, pero que querían dar seguridad jurídica ante la nueva situación en el resto de España.

El cierre de las plantas de Alcoa en Avilés y A Coruña y el reguero de dificultades en el conjunto de la industria para mantener su competitividad y hacer frente a la escalada de precios de la energía ha puesto en guardia al sector. La suya no es una reivindicación nueva, pero se ha visto agravada por el alza de los precios en las últimas semanas. Ayer, su mensaje era claro: la amenaza de paradas y cierres va en aumento y es necesario que el Gobierno active varias medidas apenas pendientes de una orden ministerial o un desarrollo normativo. La gran distribución se suma a su causa. Los síntomas se resumen en subidas de precios y, sobre todo, en la persistencia de la brecha con otros países competidores.

El presidente de CEOE, Juan Rosell, afirmó ayer tras el cierre de plantas como los anunciados esta semana por Alcoa que «los procesos de desindustrialización son golpes duros» y que responden a procesos industriales complejos y que se miran desde un punto de vista global. «Tenemos que ver cuáles son los elementos que nos dan más o menos competitividad. Uno de esos, en el caso de esta empresa, son los costes energéticos, que en España son más altos» que en otros países del entorno, especialmente Francia.

El Pleno del Congreso de los Diputados convalidó ayer el real decreto ley aprobado por el Gobierno para tratar de abaratar el precio de la electricidad, que incluye la ampliación del bono social y la derogación del llamado impuesto al sol, que penaliza el autoconsumo. Todos los partidos votaron a favor, salvo el PP, Ciudadanos y UPN, que se abstuvieron, y Foro Asturias, que se opuso. Los grupos decidieron que la norma se tramite como proyecto de ley para poder introducir cambios.

La Seguridad Social va a copiar a la Agencia Tributaria. Pretende elaborar y publicar una lista de morosos similar a la que el Ministerio de Hacienda difunde cada junio desde 2015, según anunció ayer el responsable del instituto previsor, Octavio Granado. La iniciativa requiere cambios legales que deberán pasar por el Parlamento y, todavía, está por definir su diseño y detalles, por lo que es probable que todavía pase mucho tiempo hasta que se la publique la primera.

Las empresas de EEUU en España amenazan con congelar inversiones por la tasa Google que hoy va a aprobar el Consejo de Ministros. Así lo advirtió ayer la Cámara de Comercio de EEUU en España (AmChamSpain) en un comunicado: «Las empresas podrían congelar inversiones ante el impacto directo en las cifras de crecimiento nacionales y en la digitalización de la economía y porque supone una ventaja competitiva para otros países». Así, alertan del impacto negativo en la innovación, en el crecimiento y en el Estado de bienestar y avisan de que se va a transmitir el impuesto al cliente. Además, se va a distorsionar la competencia, avisan. La Cámara está en contra de esta «fiscalización unilateral», y advierte de que no se puede cerrar la economía digital.

La Comisión Europea lanzó ayer una tremenda andanada contra el proyecto de Presupuestos de Italia, con una carta en la que acusa a Roma de tramar un derrape fiscal «sin precedentes en la historia del Pacto de Estabilidad y Crecimiento». La misiva, de tono especialmente duro y firmada por el vicepresidente de la Comisión, Valdis Dombrovskis, y el comisario de Economía, Pierre Moscovici, supone el primer paso para rechazar el proyecto presupuestario, decisión que no se ha tomado en la historia de la eurozona. La prima de riesgo italiana subió al nivel más alto en cinco años.

Gipuzkoa dispondrá en 2021 de un centro de innovación tecnológica y de colaboración público privada, en el que las distintas instituciones invertirán 19,3 millones de euros para convertir este territorio y al conjunto de Euskadi en un «referente» internacional en materia de movilidad eléctrica a partir de 2025. La consejera vasca de Desarrollo Económico e Infraestructuras, Arantxa Tapia, el diputado general de Gipuzkoa, Markel Olano, y el alcalde de San Sebastián, Eneko Goia, presentaron ayer este centro, denominado Mubil, que comenzará a construirse en tres fases a partir de 2018 en el polígono Eskutzaizeta de la capital guipuzcoana.

Tras conocer la intención de Alcoa de cerrar dos de sus tres fabricas en España (las de Avilés y A Coruña) y despedir a todos sus empleados, 317 y 369, respectivamente, el Gobierno reaccionó ayer desvelando que la multinacional estadounidense ha recibido ayudas en la factura de la luz por 1.000 millones en la última década. No se trata exactamente de una ayuda pública, pues no sale de las arcas del Estado, sino de un descuento en la tarifa que recibe la gran industria, y que paga el resto de usuarios, a cambio del servicio de interrumpibilidad, por el que las empresas modulan su producción en función de las necesidades del operador, REE, que también puede cortarles el suministro.