20181024

Gobierno y agentes sociales trabajan contrarreloj para que antes de que finalice el año se puedan modificar los aspectos más lesivos de la reforma laboral del PP de 2012, según confirmaron fuentes cercanas a la negociación. Para ello, el Ministerio de Trabajo ha puesto ya encima de la mesa una propuesta de ‘reforma de la reforma’, que supone una enmienda a la totalidad de sus puntos más polémicos, como devolver la supremacía del sector sobre el de empresa, recuperar la ultraactividad de los convenios, modificar la legislación de subcontratas o el registro de la jornada laboral, entre otras. Así lo admitió ayer la ministra Magdalena Valerio, quien mostró su disconformidad a denominarlo «contrarreforma» y prefirió hablar de que se va a elaborar un «nuevo Estatuto de los Trabajadores del siglo XXI».

El Gabinete de Iñigo Urkullu aprobó ayer el proyecto de Presupuestos con el gasto más elevado en toda la historia de la Administración vasca, de la mano de la buena marcha de la economía y del aumento sostenido de la recaudación de impuestos. Así, el Ejecutivo propone gastar el próximo año un total de 11.784 millones de euros, lo que supone 297,7 millones más que el actual y un 2,6% de incremento. Pese a todo, la propuesta nace con una evidente debilidad política, ya que no tiene garantizado por el momento el respaldo parlamentario necesario para sacar adelante las Cuentas. El esquema sobre el que se han construido estos Presupuestos para 2019 es el de un contexto de desaceleración, ya que el PIB crecerá el próximo año un 2,3% frente al 2,8% estimado para el presente ejercicio. La traslación de estas proyecciones al mercado de trabajo permite al Ejecutivo estimar una creación de empleo en el entorno del 1,4%, para alcanzar una tasa media de desempleo de todo el ejercicio en torno al 10%.

Las exportaciones vascas entre enero y agosto pasados alcanzaron los 17.009 millones de euros, un 9% más que los 15.600 del mismo periodo del año anterior, mientras que las importaciones sumaron 13.237,5 millones, un 8% y 978 millones más que entre los mismos meses de 2017. Así, y según las cifras ofrecidas ayer por el Instituto Vasco de Estadística, Eustat, el saldo comercial exterior fue positivo en 3.771 millones, 432 millones más que en los ocho primeros meses del año pasado.

Adegi señalaba recientemente en su último informe laboral que veía muy difícil poder recuperar los niveles de ocupación previos a la crisis por la caída de la población activa, es decir, porque hay menos personas que hace diez años en edad y en disposición de trabajar. Una realidad que es palpable y que se agudizará en los próximos años con la presión demográfica, ya que cada vez se incorporan menos trabajadores al mercado laboral frente a los que se jubilan. En este contexto y con los últimos datos de la Encuesta de Población en Relación con la Actividad (PRA) relativos al tercer trimestre, que dio a conocer el Eustat el viernes de las semana pasada, hay un dato que resulta llamativo, y es que aunque todavía hay en Euskadi 52.000 ocupados menos que en el mismo periodo de 2008, sin embargo ya hay más mujeres trabajando que hace diez años, mientras que no ocurre lo mismo con los hombres.

El presidente del Gobierno advirtió ayer al PNV de que si en treinta años el Estado no ha transferido al País Vasco la gestión del régimen económico de la Seguridad Social «será por alguna cuestión», y recalcó, como ya hicieron en su día varios miembros de su Gabinete, que lo urgente para el Ejecutivo central es ahora mismo garantizar la sostenibilidad del sistema de pensiones. Pedro Sánchez respondió de esta manera en el pleno del Senado al portavoz jeltzale, Jokin Bildarratz, quien recordó que el traspaso de esa competencia y la de prisiones son prioritarias para su partido y están recogidas en el Estatuto.

Aumentan los requisitos de transparencia para las grandes empresas. La comisión de Economía del Congreso de los Diputados aprobó ayer un proyecto de ley que obligará a estas compañías a ofrecer públicamente información sobre, entre otros, el salario medio en cada una de sus categorías profesionales, la proporción de temporales, las cuotas de género en los distintos niveles, sus políticas de conciliación, el desglose del pago de sus impuestos, las medidas anticorrupción o el impacto social y medioambiental de su actividad. El origen de esta iniciativa se encuentra en una directiva europea que –tras haber sido traspuesta inicialmente como Decreto Ley el pasado diciembre– se incorporará a la legislación española con casi dos años de retraso.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, puso cifras a su objetivo de creación de empleo en los próximos años. Sánchez estima que se crearán 800.000 puestos de trabajo entre 2018 y 2019, cuando está previsto que convoque elecciones. Se trata de una meta algo menor a lo alcanzado durante el mandato de Mariano Rajoy, cuando se crearon medio millón de empleos al año de media durante los últimos cuatro años. Sánchez ratificó la eficacia que tendrá el borrador de presupuestos para 2019 enviado a Bruselas, ya que, en su opinión, permitirá el crecimiento económico a la vez que se sanean las cuentas públicas.

Ya es oficial. La Comisión Europea ha pedido al Gobierno nacional populista italiano que envíe un nuevo borrador de plan presupuestario para 2019 en las próximas tres semanas, después de determinar que el que Roma envió el pasado 15 de octubre infringe de forma «clara e intencional» las normas fiscales de la Unión Europea. Es la primera vez que el Ejecutivo comunitario usa esta prerrogativa de rechazar unos presupuestos. Se trata de un momento histórico, en este sentido. Sin embargo, la Comisión no tiene poder de veto efectivo sobre las cuentas nacionales y el Gobierno italiano es libre de seguir adelante con esos presupuestos. Lo que sí puede hacer Bruselas es aumentar la presión política y abrir un expediente que eventualmente puede acabar en una sanción económica.

Un 8,3% de los ocupados españoles trabaja 49 horas o más a la semana, según datos de la Encuesta de Población Activa (EPA) publicados ayer por el INE. Aunque en principio no se puede trabajar más allá del límite de 40 horas fijado por ley, sí que se pueden hacer horas extraordinarias retribuidas, ya sea con dinero o con descanso. El problema es que la propia EPA indica que aproximadamente un 44% de esas horas extra no han sido abonadas y, en consecuencia, son ilegales. Además, un 51% de los trabajadores tiene jornadas que el INE califica de «largas».

El permiso de maternidad, de dieciséis semanas de duración, «no es discriminatorio para el varón», aunque la duración actual del permiso de paternidad sea de cinco semanas. La razón es que «la maternidad, el embarazo y el parto son realidades biológicas diferenciadas, de obligatoria protección integral de las madres». Por la naturaleza de la maternidad la mujer necesita más protección que el hombre. Otra cosa diferente «es la finalidad del permiso de paternidad para favorecer la conciliación de la vida personal, familiar y laboral». Éste es el significado de la sentencia que difundió ayer el Tribunal Constitucional. El Alto Tribunal desestima así el recurso de amparo presentado por un padre de familia y la Plataforma por Permisos Iguales e Intransferibles de Nacimiento contra una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid.

El Ministerio de Trabajo comenzó ayer a negociar con las organizaciones de autónomos cómo actualizar las cotizaciones de estos trabajadores en 2019. Les ofreció tres escenarios. Cualquiera de ellos supone un incremento para la mayor parte del colectivo, aunque al menos dos conllevan un alza bastante por debajo de la que llegaría si subiera de forma paralela al salario mínimo, como en años anteriores. El ministerio también ofrece negociar la reforma del régimen para adecuarlo a los ingresos, pero a partir de 2019 y que entre en vigor en 2020.

Cada vez se antoja más difícil que el TAV llegue a Bilbao en 2023. El cambio de Gobierno en Madrid ha suscitado «dudas técnicas» en los nuevos responsables de Fomento, que cuestionan ahora el proyecto para la futura estación de Abando acordado con el Ejecutivo de Rajoy y que las instituciones vascas daban por cerrado. Ambas partes se reúnen hoy en Madrid para aclarar el asunto.

Cisma en la representatividad de las pymes. Algunas de las principales organizaciones de empresas pequeñas y medianas y de autónomos han unido fuerzas para defender sus intereses ante las grandes compañías. Cosa que, a su juicio, la patronal Cepyme, dependiente de CEOE, no ha hecho hasta ahora. Hartas de que las grandes empresas «controlen» las negociaciones que les atañen, e incluso ostenten su representatividad, un puñado de asociaciones de pymes han creado la Plataforma Pymes, una organización intersectorial que funcionará por ahora como un lobby y que nace con la vocación de convertirse, en cuanto se consolide, en la patronal rival de Cepyme, a la que consideran una mera filial de los intereses de CEOE. La operación es clara: rivalizar con la patronal.