20190103

Sólo entre el 24% y el 26% de las empresas de menos de 20 trabajadores realiza comercio electrónico, mientras entre las compañías de más de 50 trabajadores la tasa supera el 33%, según el último número del Newsletter sobre Dimensión Empresarial  de Confebask. El informe concluye que el equipamiento de redes e intercambio electrónico de las compañías vascas «mejora con su dimensión». La mayor parte de este tipo de comercio corresponde a compras electrónicas.

Euskadi recuperará en 2019 todo el empleo que se destruyó durante los años de la crisis económica y el paro bajará del 8 % (estará próximo al 7,5%), situándose en la media de los países europeos, según la previsiones presentadas por la patronal vasca Confebask. En su informe de coyuntura, la organización empresarial prevé un crecimiento del 2,5%, cuatro décimas menos que en 2018, en línea con la anunciada desaceleración, y habrá 14.000 nuevos afiliados a la Seguridad Social. Para final de año, la estimación es que se recuperará el nivel de empleo precrisis, con 976.000 ocupados. El presidente de Confebask, Roberto Larrañaga, aseguró que «se están mejorando las condiciones laborales», destacando el aumento de las contrataciones indefinidas en 2018, año que finalizará con récord al alcanzar casi 90.000 contratos de este tipo.

El balance del año en la venta de coches confirma los augurios. El crecimiento experimentado hasta el verano, en línea con lo que ha venido sucediendo tras la crisis, se vio truncado a partir de agosto, tras las polémicas declaraciones de la ministra Ribera anunciando que el «diésel tiene los días contados». Según un informe de la patronal de concesionarios y fabricantes, en los últimos cuatro meses se ha pasado de una subida del 14% a una caída del 10%. El ejercicio se cierra con un aumento del 7% en las ventas, el menor del último lustro, con los modelos de gasolina al alza.

Santander, BBVA, CaixaBank, Deutsche Bank, Colonial, Realia y Abanca advierten a sus inversores del riesgo para sus respectivos negocios que supone la inestabilidad política que vive España, lo que se traduce en que el Gobierno de Pedro Sánchez no hace reformas. Estas entidades alertan del impacto de la incertidumbre sobre el proyecto político del Ejecutivo y sobre la duración de la legislatura y la posibilidad de que haya elecciones en sus folletos de emisiones y OPV registrados en la CNMV entre finales de noviembre y ayer. Estos avisos se han presentado cuando el Ejecutivo ha cambiado varias veces de opinión sobre su intención de presentar los Presupuestos, cuya aprobación es incierta, y ante la inquietud por la amenaza independentista en Cataluña. Esta última, genera gran preocupación entre las empresas, según avisan.

La gran reforma de las pensiones y de la Seguridad Social para cerrar el boquete que tiene en las cuentas desde 2011 no llega. Pero, de momento, el Gobierno ha puesto parches que pueden aliviar algo la situación si finalmente se cumplen sus cálculos. La batería de medidas laborales y de cotizaciones adoptadas al acabar 2018 pueden subir la recaudación en 3.150 millones este año. La mayor parte llega por la subida del salario mínimo (1.484 millones) y de las bases máximas de cotización (850 millones). Pero hay otras iniciativas que aportarán otros 815 millones, según la memoria económica del decreto ley que recogía el aumento del 1,6% de las pensiones y del 3% para las mínimas para este año.

Las empresas de recursos humanos Adecco y Randstad prevén que el periodo de rebajas genere más de 100.000 contratos laborales, fundamentalmente por el tirón del sector del gran consumo, que tira además del transporte y la logística. Según Adecco, el mes de rebajas de enero dejará 122.900 contratos laborales, el 4,1% más que los creados el mismo periodo del año pasado. Mientras, Randstad tiene en cuenta que esta campaña dura hasta finales de febrero y apunta a la creación de 157.000 empleos, la cifra más elevada para este periodo de toda su serie histórica, que además representa un incremento del 8% respecto al mismo periodo del año pasado.

La deuda de los hogares españoles se situaba en 712.910 millones de euros al finalizar noviembre, según datos publicados ayer por el Banco de España. Se trata de una cifra apenas un 1% superior a la registrada mes anterior, y en línea con la alcanzada durante noviembre de 2017, tras meses en los que la financiación concedida a los hogares acumulaba una paulatina desacelaración. El aumento del endeudamiento de este mes responde al incremento en la concesión de créditos al consumo en España, de un 4,5% en noviembre, situándose en 191.038 millones de euros.

España ya es el undécimo país del mundo con el índice más alto de robotización en los procesos del día a día, al estar presente en la mayoría de los sectores de la economía, según los datos de la Asociación Española de Robótica y Automatización. Las tareas de estos robots pasan por la conducción de metros y ferrocarriles, la fabricación de automóviles, la cirugía microscópica, máquinas expendedoras inteligentes o la desactivación de artefactos explosivos. Para CEAC, esta penetración significa una «oportunidad de oro» para los trabajadores, ya que supone la necesidad de diseñar, fabricar y mantener robots.

El sindicato CC OO ha reclamado al Gobierno que acometa un proyecto «real» por la industria en España y señala que se ha propuesto apostar por el desarrollo de un ‘Pacto de Estado por la Industria en 2019’, alegando que el PP lo dejó «estancado» y que el PSOE «no lo ha terminado de impulsar». La central ha recordado que se necesita un sector industrial «fuerte» para evitar que se liquide el Estado del Bienestar. Además, cree que se viven momentos «clave» para la industria en España, que también plantean «grandes desafíos». CC OO indica que echa de menos medidas e instrumentos de actuación ministerial y gubernamental que afronten un futuro industrial digitalizado, por los efectos que se esperan en el empleo, en las relaciones laborales y en la organización de las empresas.

El Gobierno, a instancias del comercio, ha abierto el melón de las rebajas. Hace unos meses anunció la creación de una mesa de diálogo para hablar sobre los horarios comerciales y los periodos de promociones.  La idea es que a principios de año las patronales y asociaciones del sector se citen para estudiar medidas que alivien la crisis que vive el sector, en parte por culpa de la reducción de márgenes que sufren como consecuencia de la política de rebajas casi permanentes que hacen muchas cadenas.  Las pequeñas y medianas empresas llevan tiempo denunciando que la liberalización de las rebajas, que se hizo en época de crisis para lograr incentivar el consumo, se ha convertido en un arma de doble filo.

El año 2019 ha comenzado como terminó 2018, con reproches y acusaciones entre los partidos, inmersos ya en la precampaña electoral para los comicios de mayo. El anterior ejercicio terminó con el veto de PP y Ciudadanos en el Senado a la senda de déficit presentada por el Gobierno, y sus derivadas políticas aún continúan. El senador socialista Tontxu Rodríguez denunció ayer que esa «pinza» de las formaciones de Casado y Rivera dejará al País Vasco sin 143 millones de euros extra, puesto que «no se podrá contar con dos décimas más del PIB para el objetivo de déficit público».

El Gobierno de Pedro Sánchez aprobó en el penúltimo Consejo de Ministros del año, el celebrado en Barcelona, la mayor subida de la última década para los trabajadores del sector público. En concreto, un alza lineal del 2,25% al que se añadirán a final de año un 0,25% procedentes de fondos adicionales y otro 0,25% en función del comportamiento de la economía. La intención –y así lo anunció la ministra del ramo, Meritxell Batet– era restablecer el poder adquisitivo y resarcir a los trabajadores públicos por los esfuerzos que se les exigieron durante la crisis económica.  Dicha subida afecta desde este pasado 1 de enero a unos 2,5 millones de funcionarios españoles y tendrá un coste superior a los 3.600 millones de euros. Dicho importe, sin embargo, deberá ser costeado por cada una de las tres administraciones que generan empleo público en nuestro país y, por ende, cargarse a sus cuentas: la Administración General del Estado, las corporaciones locales y las Comunidades Autónomas.

Iberdrola y Nissan han sellado un acuerdo para lanzar proyectos que impulsen la integración del vehículo eléctrico en las redes inteligentes. Esta alianza se extenderá a los países donde Iberdrola es operador del sistema de distribución, como España, Reino Unido (donde opera a través de Scottish Power), EEUU (donde lo hace mediante Avangrid) y Brasil. La actuación de ambas compañías se centrará en el vehículo conectado a la red (V2G) y en la recarga inteligente (smart charging).

Pekín impone a su industria cuotas obligatorias de producción. China no ha ido a la vanguardia en la fabricación de automóviles de combustión, pero pisa fuerte para ser líder mundial en coches eléctricos. El país asiático se consolida como el primer mercado mundial en producción y ventas de este tipo de vehículos, con tasas de crecimiento que hacen palidecer las que se registran en Europa o Estados Unidos. El empuje del sector es una prioridad absoluta para Pekín, que a partir de este año pone en marcha un ambicioso sistema de cuotas único en el mundo que obliga a todos los fabricantes a dedicar una parte sustancial de su producción a los vehículos eléctricos o híbridos enchufables.