20190214

La derrota sufrida ayer por el Gobierno de Pedro Sánchez en el Congreso, que rechazó su proyecto de Presupuestos, abre la puerta a la convocatoria de elecciones anticipadas. El presidente anunciará previsiblemente mañana su decisión, con el 28 de abril como la fecha más probable. Los intentos de última hora de convencer a ERC y el PDeCAT de que cambiaran el sentido de su voto no evitaron este desenlace. Los independentistas, que habían vinculado el debate de las cuentas a la autodeterminación de Cataluña, se sumaron al final a PP y Ciudadanos. Así, las enmiendas a la totalidad recibieron 191 votos frente a 158 favorables al proyecto. Tras el veto a las cuentas se mantienen las mejoras a pensionistas y funcionarios y la subida del sueldo mínimo, aprobadas por ley, pero no habrá nuevos impuestos y eso complicará reducir el déficit.

El final anticipado de la legislatura es una mala noticia para el PNV. Y no por una sino por varias razones. Para empezar, la disolución de las Cortes Generales paralizará ‘sine die’ el mayor logro de los jeltzales tras su decisiva contribución para aupar a Pedro Sánchez a La Moncloa, el calendario de transferencias acordado entre el Departamento de Autogobierno que lidera Josu Erkoreka y el Ministerio de Política Territorial encabezado por Meritxell Batet. Los primeros traspasos, un bloque de siete materias de bajo perfil político, deberían llegar en abril, precisamente la fecha que suena con más insistencia para poner las urnas. Incluso aunque el presidente decidiera aguantar hasta octubre, algo del todo improbable, algunas de las transferencias de mayor calado, como la de Prisiones –prevista para 2020– se irían directamente al limbo. Además, Euskadi se queda sin 469 millones en inversiones, de los que 234 eran para el TAV

El empleo se recupera en el mundo. Los 172 millones de parados que había en 2018 equivalen al 5% de la población activa, la tasa más baja en una década. Pese a esta mejora, preocupa el deterioro en la calidad del trabajo. Y en los países desarrollados, España encabeza las estadísticas de temporalidad. En una comparativa con 18 países europeos, España registró la mayor proporción de contratos de seis meses o menos, según la Organización Internacional del Trabajo.

BBVA cree que Euskadi empieza el año con una aceleración de la actividad, que se mantendrá durante el primer trimestre y convertirá la economía vasca en una de las más dinámicas de España, junto a Madrid, Cataluña y La Rioja. Esta previsión, recogida en el último Observatorio Regional del banco, contrasta con las estimaciones más pesimistas del Gobierno autonómico, que da por hecho que la crisis del diésel y su impacto en Mercedes-Vitoria y en la industria vasca se sentirá en el crecimiento de la economía, que se ralentizará. Lakua había previsto en 2019 un alza del PIB del 2,3%, vaticinio que podría revisar a la baja hasta el  2,2% (frente al 2,8% de 2018).

Apenas queda mes y medio para el temido 29 de marzo, el día fijado para la salida del Reino Unido de la UE. Todavía hay confianza en que se evite la peor pesadilla, un ‘Brexit’ caótico sin acuerdo. Pero según se tachan los días en el calendario sin atisbar un pacto, la angustia crece. Así se explica que más de 400 empresas vascas se apuntaran ayer a la jornada organizada en Bilbao por el Gobierno vasco para analizar los posibles escenarios. En el acto se evidenció una visión contrapuesta de la situación: mientras el embajador del Reino Unido en España, Simon Manley, mandó un mensaje tranquilizador, el presidente de la Cámara de Comercio Británica en España, Chris Dottie, puso voz al malestar de las empresas ante semejante nivel de incertidumbre.

La producción industrial de la UE experimentó en diciembre una caída interanual del 2,7%, acelerando el retroceso del 1,9% observado en noviembre, según los datos publicados ayer por Eurostat, que sitúa a Irlanda (-19,8%) y España (-6,7%) como las dos economías entre los Veintiocho con peor evolución del dato en comparación con el mismo mes de 2017. En la zona euro, la producción industrial registró en diciembre un retroceso mensual del 0,9%, tras la caída del 1,7% observada en noviembre, mientras que en comparación con el mismo mes de 2017 el dato bajó un 4,2%.

El uso que se hace en España del contrato para formación de los jóvenes es prácticamente residual –pese a que el país aún tiene una tasa de paro juvenil superior al 33%– y apenas supone un 0,2% del total de contratos firmados. Sin embargo, pese a tener una incidencia prácticamente insignificante en el mercado laboral español, el coste que tiene para las arcas públicas es elevado y asciende a más de 2.144 millones para el periodo 2013-2018, alcanzando casi los 3.000 millones si la formación se realiza en modalidad presencial y no telemática, según estima CC OO en un informe publicado ayer. El sindicato denuncia además que la finalidad para la que se creó se ha «desvirtuado» y se aleja cada vez más de ser «una verdadera apuesta por la empleabilidad y el empleo de los más jóvenes sin cualificación, convirtiéndolo en instrumento de precarización e inestabilidad laboral», por lo que exige una reforma.

Si alguna de las casas de apuestas que operan en Euskadi hubiese puesto a cotizar la posibilidad de que hoy se alcance un acuerdo en torno a la futura Ley de Aportaciones, los partidarios del «no» serían legión y los del «sí» una minoría. Sería una apuesta desequilibrada. Tanto como el mapa interno de las relaciones financieras entre las diputaciones y el Gobierno vasco –que de eso va este asunto–, y la composición de los ingresos fiscales que reciben las haciendas forales de Bizkaia, Álava y Gipuzkoa. El galimatías impide dar una respuesta inequívoca a las preguntas fundamentales que están sobre la mesa: ¿Se queda cada institución con el trozo de la tarta que realmente le corresponde? ¿Es justo lo que aporta cada uno de los tres territorios para sostener el Presupuesto del Gobierno vasco? Un estudio realizado por el Ejecutivo de Vitoria hace algunos meses vino a responder «sí» a la primera pregunta. Pero el problema está en la segunda. «Depende cómo se mire», es la respuesta más habitual, que ha impedido hasta ahora encontrar un punto de consenso entre los ejecutivos forales.

La apuesta de la industria vasca por las oportunidades que abre el desarrollo de la energía marina en sus diferentes vertientes –ya sea eólica, aprovechamiento de las olas o maremotriz– ha sido muy clara y en la actualidad ya hay más de un centenar de empresas que cubren prácticamente toda la cadena industrial del sector, según se puso de manifiesto ayer durante la jornada sobre energías marinas organizada por el Ente vasco de la Energía (EVE), en el marco del encuentro sectorial World Maritime Week. Desde investigación, ingeniería, hasta producción de equipos, promoción y explotación de parques eólicos marinos, incluyendo la comercialización de la energía verde generada en el mar.

El presidente de Repsol, Antonio Brufau, puso ayer en duda los planes del Gobierno sobre los objetivos previstos de energía y clima para las próximas tres décadas. «Nadie es capaz de anticipar la tecnología que habrá en 2050, como nadie supo anticipar que  en 2018 iba a primar la energía fotovoltaica», destacó. «Nos aflora nuestro quijotismo y el hecho de que tenemos que ser mejores que todos y que Alemania». Se refería a los objetivos de España que pasan por reducir las emisiones en 2030 sobre 2005 en un 48%, frente al 32% que plantea la UE.

Los resultados están superando todas las previsiones y el Gobierno vasco se confiesa encantado. Tras nueve años de proyectos, investigaciones y pruebas, el pozo de gas natural perforado en la localidad riojana de Sotés va como un tiro. «Ahora estamos sacando 560.000 metros cúbicos diarios de metano», se congratula el director de la Sociedad de Hidrocarburos de Euskadi (Shesa), Luis Muñoz. Todo un éxito. Tanto, que el campo bautizado como Viura ya genera más del 98% de todo el gas natural que se extrae en España. Y, como segundo socio en importancia que es del correspondiente permiso de comercialización, el Ejecutivo autónomo se ha convertido ya en el segundo mayor productor nacional de este combustible, presente solo en los yacimientos de Poseidón (Huelva), El Romeral (Sevilla) y Marismas (Cádiz).

A finales del próximo mes de marzo. Esa es la estimación temporal que el viceconsejero de Industria, Javier Zarraonandia, y el director del Ente Vasco de la Energía (EVE), Iñigo Ansola, trasladaron el pasado martes a los representantes de los concesionarios de vehículos de Euskadi para la entrada en vigor del Renove vasco. Cerca de mes y medio aún que los vendedores de automóviles y furgonetas consideran excesivo y en el que temen un desplome de las operaciones, ya que muchos clientes, o al menos todos aquellos que cumplan las condiciones para acogerse a las ayudas anunciadas y puedan esperar ese tiempo, aguardarán hasta la aplicación de los descuentos por parte del Gobierno vasco para comprar su nuevo vehículo. Ante esa perspectiva, además de pedir que el plan se ponga en marcha «de inmediato», algunos concesionarios han decidido adelantarse y desde ayer mismo ofrecen descuentos equivalentes a los avanzados en el Renove del Ejecutivo autonómico a fin de compensar un eventual frenazo de sus ventas.

El futuro del comercio local está en manos de la concienciación de los consumidores de que al comprar en las tiendas próximas también deciden el modelo de ciudad y barrio en el que viven, señaló el consejero vasco de Turismo, Comercio y Consumo, Alfredo Retortillo, en la inauguración en Bilbao del Foro Internacional de Comercio (FlCOMER), organizado por la patronal vizcaína Cecobi.

La parada en la producción prevista para la última semana de este mes en la planta de Mercedes tendrá una incidencia menor de la esperada. Porque la factoría automovilística vitoriana recupera las jornadas del 28 de febrero y 1 de marzo, jueves y viernes respectivamente, y las líneas de montaje y pintura funcionarán con sus tres turnos habituales. Una buena noticia para la principal industria vasca, como consecuencia de otro anuncio positivo: un pedido de mil nuevos vehículos Clase V.

Un juzgado ha estimado por primera vez que un repartidor de Glovo tenía relación laboral con la compañía y obliga a su readmisión tras haber sido despedido a raíz de una huelga. En un auto del 11 de febrero, el magistrado José Pablo Aramendi Sánchez, del Juzgado de lo Social número 33 de Madrid, asegura que «el trabajo tradicional acotado a su realización en un centro físico concreto, la fábrica o la oficina, y en un periodo de tiempo preestablecido por un horario fijo, está dando paso a nuevas formas de trabajar». La compañía española señaló ayer, al conocerse el fallo en primera instancia, que lo recurrirá.

«[…]Una de las líneas de trabajo irrenunciables para CC OO de Euskadi, además de la movilización y la negociación colectiva, es la apuesta por ese diálogo social. En este sentido, nos hemos felicitado por la rectificación del Gobierno vasco y de Confebask, que ha supuesto la retirada del acuerdo bilateral suscrito entre estas dos organizaciones. Esta rectificación, fruto de nuestra salida y posterior exigencia al Ejecutivo, ha logrado la consolidación de los espacios tripartitos de negociación en los que buscamos ganar capacidad de influencia en la elaboración de políticas que, emanando del Gobierno, afectan a la clase trabajadora. No podemos ni debemos renunciar a ese espacio, ni al diálogo como herramienta para lograr acuerdos».