20190215

La inminente convocatoria de elecciones generales por parte de Pedro Sánchez tras la decisión del Congreso de tumbar la tramitación de los Presupuestos para este año deja en el aire un gran número de reformas económicas que el Ejecutivo ya había puesto en marcha, o aspiraba a hacerlo. Si, tal y como se espera, el presidente del Gobierno anuncia hoy tras el Consejo de Ministros la próxima convocatoria de elecciones generales, la disolución de las Cortes provocaría que decayeran un gran número de proyectos de ley en tramitación en el Congreso, base del cambio de modelo económico de Sánchez. Si bien, desde el Gobierno insisten que seguirán adelante con las medidas que consideren imprescindibles y no descartan usar la vía del real decreto. En cuarentena quedará el plan para derogar los aspectos más lesivos de la reforma laboral y los trabajos del Pacto de Toledo sobre las pensiones. Congelada queda también la política de transición energética que implicaba el apagón nuclear.

Tras no sacar adelante sus Presupuestos y haber relajado la lucha contra el déficit en 2018, el Gobierno de Sánchez lega al siguiente Ejecutivo la necesidad de asegurar un ajuste de 13.200 millones este mismo año. La razón es que el nuevo Gobierno que salga de las urnas tendrá que tomar medidas de ajuste, porque el déficit público este año se va a ir muy por encima de lo pactado con la Unión Europea. La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, calculaba el pasado año que, si no salían adelante los Presupuestos y se prorrogaban los del PP, el déficit llegaría en 2019 al 2,2 del Producto Interior Bruto (PIB) en lugar del 1,3% comprometido con la Unión Europea, pero ahora lo cifra en hasta el 2,4%. En declaraciones a la cadena Cope, Montero aseguró que «el Gobierno entrante» deberá hacer «ajustes» para respetar la senda de déficit.

La Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal, el órgano impuesto por Bruselas para velar por las cuentas públicas, advierte de que la deuda de las Administraciones se descontrolará por ligar de nuevo la revalorización de las pensiones a la inflación. Según sus cálculos, mantener el poder adquisitivo de los jubilados podría aumentar la deuda hasta en 50 puntos de PIB en treinta años: más de medio billón de euros con el PIB de 2018. Aunque una pequeña parte de este incremento se compensaría con la mejora de otras Administraciones, si no cambian las políticas actuales, en 2048 el porcentaje de deuda sobre PIB puede elevarse al entorno del 130%.

Dos de las principales economías de la zona euro, Alemania e Italia, han lastrado el crecimiento de la moneda única. Según el dato publicado ayer por Eurostat, el producto interior bruto (PIB) de los Diecinueve avanzó el año pasado un 1,8%, cinco décimas menos que en 2017. El dato confirma la senda de desaceleración que vienen advirtiendo todos los organismos internacionales por el contexto político y social dentro y fuera de la UE. Las dos caras del euro cerraron el año con dificultades. Italia, la segunda economía europea más endeudada, entró en recesión en el tramo final de 2018. Y Alemania, cuya política presupuestaria se aferra a la disciplina fiscal, la bordeó y quedó literalmente estancada. Pero el euro es una sola moneda y la economía que la respalda se dirige a una desaceleración más pronunciada de lo previsto tras un dato que supone el menor avance desde 2014.

El fantasma de la recesión económica se ha alejado por la mínima de Alemania, tras conocerse ayer las cifras del cuarto trimestre del año pasado publicadas por la oficina federal de estadística alemana en Wiesbaden. El crecimiento del producto interior bruto (PIB) se estancó en un 0,0%, evitando así técnicamente la recesión, después de registrar un periodo de crecimiento negativo entre julio y septiembre del año pasado (-0,2%). Estas cifras suponen, sin embargo, un claro retroceso respecto al mismo periodo del año anterior y a los primeros seis meses de 2018.

Se sabía que la subida de sueldos a los funcionarios –un 2,5%– y la mejora de la financiación de la RGI –subir su dotación un 3,5%– estaba garantizada tras adelantar Elkarrekin Podemos su abstención en ambos casos. Quedaba por saber qué ocurriría con la mejora salarial a los profesores de la red concertada, inmersos en un largo conflicto laboral este curso. Urkullu, con los Presupuestos prorrogados, sacó adelante también ayer en el Parlamento este último punto gracias a una pirueta política de Bildu, que no quiso participar en las votaciones, y a la abstención del PP.

No hay acuerdo sobre la futura Ley de Aportaciones. Tampoco sobre si debe haber un esquema distinto del actual entre las instituciones vascas para repartirse la recaudación de impuestos. Y menos aún sobre el peso que debe soportar cada territorio de la comunidad autónoma para sostener el Presupuesto del Gobierno vasco. Sin embargo, en un hábil movimiento táctico, el consejero de Hacienda del Ejecutivo de Vitoria, Pedro Azpiazu, consiguió aunar ayer criterios en torno a un compromiso provisional. Las ‘hachas de guerra’ vuelven a enterrarse con un reparto simbólico de dinero –5,6 millones de euros que aportarán el Gobierno vasco y la Diputación de Bizkaia–, que irá a manos de los ejecutivos forales de Gipuzkoa y Álava; así como un acuerdo para ampliar los fondos de compensación en el futuro.

El Gobierno vasco ha optado por acelerar la aplicación de su plan Renove de vehículos, que permitirá obtener una subvención de entre 2.000 y 3.000 euros por la adquisición de un automóvil nuevo y el achatarramiento de otro con una antigüedad superior a 10 años o 7 en el caso de furgonetas. El Ejecutivo ha decidido que el plan entre en vigor el viernes 1 de marzo, aunque la normativa aplicable no se publicará en el Boletín Oficial del País Vasco, previsiblemente, hasta finales de mes. El Gobierno autonómico aclaró ayer que se admitirán como subvencionables con carácter retroactivo todas las operaciones que se realicen a partir de esa fecha.

Theresa May perdió anoche en el Parlamento otro jirón de la escasa autoridad política que le queda. En una votación sin consecuencias legales, pero que supuso todo un mazazo simbólico, 303 diputados rechazaron, frente a 258, la petición de la primera ministra británica de tener dos semanas más para seguir negociando con Bruselas una modificación del acuerdo del Brexit que aprobó la Cámara hace dos semanas. Los euroescépticos conservadores expresaron con la abstención su profunda desconfianza hacia el Gobierno y su estrategia de salida de la UE.

Expertos e instituciones dieron pistas a los jóvenes sobre la mejor manera de acceder al mercado de trabajo en la quinta edición del foro Gazte Up. «No os dejéis llevar por mensajes amargos»

El fabricante aeroespacial europeo Airbus anunció ayer que en 2021 producirá sus últimos A380, la mayor aeronave comercial del mundo. La decisión del principal cliente del aparato, la aerolínea Emirates, de modificar una parte de sus encargos para sustituirlos por otros modelos más pequeños ha precipitado la decisión, que pone en riesgo entre 3.000 y 3.500 empleos en España, Alemania, Reino Unido y Francia. Partes del gigantesco avión se producen o ensamblan en tres fábricas españolas: la de Puerto Real, en Cádiz; la de Illescas, en Toledo, y la de Getafe, en Madrid. La incidencia en Euskadi será menor y, de hecho, la noticia ha sido recibida con relativa tranquilidad en las plantas vascas que fabrican piezas para este superjumbo. Airbus ya tenía en sus previsiones ir reduciendo la fabricación de un avión con capacidad para 800 personas.

La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) ha incoado un expediente sancionador contra 25 empresas de servicios de consultoría y varios directivos, al observar «indicios racionales» de prácticas anticompetitivas consistentes en un reparto del mercado nacional en licitaciones, principalmente públicas, en gran parte del territorio nacional. Ahora se abre un periodo máximo de 18 meses para la resolución del expediente. El origen de estas actuaciones se encuentra en la remisión por parte de la Autoridad Vasca de Competencia de la investigación por un posible reparto de contratos de servicios de consultoría licitados por la Administración autonómica y de las inspecciones en enero de 2017 en las sedes de varias empresas.

El ERE que prepara Santander España para adecuar la red de oficinas surgida de la absorción de Popular afectará a 3.000 trabajadores y supondrá el cierre de entre 1.000 y 1.200 sucursales dada la proximidad de muchas de ellas. Los responsables de Santander España tienen previsto iniciar las conversaciones con los sindicatos para negociar un expediente de regulación de empleo en la red de sucursales del banco en las próximas semanas, de cara a que se pueda llegar a un acuerdo durante el mes de abril. Según las cifras iniciales que maneja el banco saldrán 3.000 empleados, todos ellos de la red de sucursales, y supondrá el cierre de entre 1.000 y 1.200 oficinas.