20190111

La patronal vasca, Confebask, publicó ayer su boletín sobre financiación empresarial en el que, de una parte, destacó que el crédito al sector productivo crece con la economía pero, de otra, resaltó que los volúmenes están aún muy alejados de los que existían antes de la crisis. «El crédito nuevo al conjunto de empresas (en España) elevó su crecimiento hasta el 8,6% en los once primeros meses de 2018, a pesar de que el volumen es aún un 63% inferior al existente antes de la crisis, situándose en 368.034 millones de euros en términos anualizados, frente a los 991.000 millones que llegó a alcanzar en el año 2007», apuntó.

El Índice de Producción Industrial (IPI) vasco acumuló un crecimiento del 1,8% en los once primeros meses de 2018 en comparación con el mismo periodo del año anterior, aunque en noviembre descendió un 1,9% respecto al mismo mes de 2017, según datos del Eustat. En comparación con el mes anterior, la producción industrial vasca bajó un 1,8%, una vez corregidos los efectos de carácter estacional.  El detonantes es el parón por la crisis del diésel en la planta vitoriana de Mercedes, como constata el 8,8% interanual que cayó en Álava el IPI en noviembre, frente al repunte registrado en Bizkaia (1%) y el 0,7% que baja en Gipuzkoa.

El Gobierno Vasco publicó a finales de año un examen trimestral y anteayer su ‘Economía en un clic’ correspondiente al mes de enero; documentos ambos en los que mantiene las grandes previsiones (el PIB crecerá un 2,8% en 2018 y un 2,3% en 2019) pero que dejan ya negro sobre blanco el impacto de la desaceleración de la industria, cuyo comportamiento y aportación al Producto Interior Bruto del año pasado serán finalmente inferiores a los calculados por el departamento de Hacienda y Economía hace poco más de tres meses. Así la cosas, mientras las previsiones oficiales en septiembre dibujaban un incremento interanual del sector de industria y energía del 3,1%, esas mismas estimaciones presentan ahora un avance del 2,8%. Es más, también minoran el crecimiento esperado en 2019, que ha pasado de un 2,3% a un 2,2%.

El Gobierno recortará hoy sus previsiones de crecimiento y creación de empleo para este año, algo que la ministra de Economía, Nadia Calviño, achaca a la imposibilidad de ampliar la senda del déficit tras el rechazo del PP en el Senado. Con ello, el Ejecutivo apostará por un avance del PIB del 2,2% este año, una décima por debajo del pronóstico de octubre y dos menos que en el escenario previsto por el anterior equipo de Mariano Rajoy. Además, Calviño también avanzó que la creación de empleo se moderaría sensiblemente, quedando en torno a 100.000 puestos de trabajo por debajo de lo establecido anteriormente.

Lejos de los temores de una posible nueva recesión en la zona euro y en las principales economías a nivel mundial, varias voces coinciden ahora en calificarlos como «demasiado pesimistas». El crecimiento de la eurozona, EEUU y China van a sufrir una ralentización en 2019, pero no una recesión. Así, la agencia de calificación S&P espera un crecimiento para el conjunto de la zona euro del 1,6% tanto este año como el próximo, tras el 1,9% de 2018. Pese a que S&P sí observa menos capacidades disponibles, se muestra optimista en cuanto a que el empleo subirá en torno al 1%, con un aumento de los salarios y una inflación más baja. Las otras dos grandes agencias de ráting internacionales –Fitch y Moody’s– también contemplan un escenario similar, condicionado por riesgos externos como «las tensiones en el comercio y una ralentización del PIB global», sugiere elvicepresident senior credit officer de Moody’s, Steffen Dyck.

La disrupción de la tecnología causa estragos en el tejido empresarial español en un intento de adaptación a las nuevas tendencias del mercado. Vodafone, que como compañía de telecomunicaciones tiene su futuro ligado a la innovación, anunció ayer un ERE que afectará a un máximo de 1.200 personas, cerca de la cuarta parte de una plantilla de en torno a 5.100. CaixaBank, cada vez más dependiente de una gestión online y menos de sus red de oficinas y cajeros físicos, constituía también ayer la mesa de negociación para otro ERE, que podría superar la cifra de 2.000 afectados. Alcoa proponía también ayer el despido de dos tercios de la plantilla de su planta en Avilés, esto es, 686 personas. En paralelo, dos grupos estadounidenses como Ford y BlackRock comunicaban sendos recortes: el fabricante de coches lo llevará a cabo en Europa y la gestora de fondos da un dato global de 500 despidos.

La contención salarial para consolidar los beneficios de la recuperación económica sin perder productividad se ha aplicado con distintas varas de medir en las empresas españolas.  Con las diferencias propias con que cada empresa afronta día a día su negocio, la tendencia general es que mientras las retribuciones de los directivos y los mandos intermedios mantienen hoy una diferencia positiva (+2,5% y 2,6%, respectivamente) en comparación con lo que percibían en sus nóminas el año pasado, las de los empleados se mantienen prácticamente planas, al crecer apenas una décima porcentual en los últimos 11 años y quedarse por debajo de la inflación acumulada, según un estudio de la escuela de negocios Eada realizado junto con el grupo ICSA, basado en encuestas a más de 80.000 asalariados españoles.

España es el quinto país de la Unión Europea donde más cae la inversión en Investigación y Desarrollo. El gasto de España en I+D en 2017 equivalió al 1,2% de su PIB, casi la mitad del 2,07% que se destinó de media en la UE, según los datos publicados ayer por Eurostat. El gasto que Gobierno, empresas, universidades y organizaciones sin ánimo de lucro dedican a este fin sólo cayó en seis países comunitarios en la última década, y entre ellos se sitúa España. En términos absolutos, eso sí, la cantidad ha aumentado desde 13.342 millones de euros en 2007 hasta 14.052 millones en 2017.  Sólo cayó más que en España en Finlandia (0,59 puntos porcentuales, hasta el 2,76% del PIB), Luxemburgo (0,33 puntos, hasta el 1,26% del PIB), Irlanda (0,18 puntos, hasta el 1,05%) y Letonia (0,04%, hasta el 0,51%).

El Gobierno ha dibujado una cifra récord de ingresos en los Presupuestos, que hoy aprobará el Consejo de Ministros, para financiar el aumento del gasto social. Las cuentas se presentarán con una recaudación superior a los 225.000 millones, unos 15.000 millones más respecto al año anterior. Buena parte de esa cosecha procederá de los nuevos impuestos, como la tasa Google y las transacciones financieras. Pero también se subirán los tributos existentes: las grandes empresas pagarán más y los trabajadores que ganen más de 140.000 euros, también. En total, estas medidas aportarán unos 6.000 millones más.

Los Presupuestos Generales del Estado de 2019, que hoy aprobará el Consejo de Ministros y se presentarán en el Congreso el lunes, incluirán un castigo fiscal a los beneficios no distribuidos de las Socimi, a los que se aplicará un gravamen del 15%, según ha podido saber este diario. Se trata de una medida que pactó Podemos con Hacienda y que el Gobierno no incluyó en la Plan Presupuestario de 2019 que remitió a Bruselas en octubre ni en los anteproyectos de ley que ya está tramitando. El secretario general de Podemos, Pablo Iglesias, ha culpado a las Socimi de la «burbuja del alquiler». Esta medida se suma a otras pactadas con Podemos que hacen recaer el mayor impacto de la subida de impuestos de los Presupuestos en las empresas.

El mundo de la Abogacía y de la empresa muestra preocupación e inquietud por la reforma de la Ley General Tributaria que va a emprender Hacienda para adaptarse a la Directiva sobre operaciones transfronterizas que incrementa los controles sobre los asesores fiscales. Un borrador del Fisco traslada que va a emprender una regulación del secreto profesional del abogado y asesor fiscal y parte de que el abogado interno de empresa no tiene secreto profesional. Asociaciones de abogados, de asesores fiscales y patronales empresariales subrayan la importancia del secreto profesional del abogado interno y externo para garantizar la seguridad jurídica y el Derecho de defensa de ciudadanos y empresas.

Compra masiva de firmas europeas de alta tecnología, precios por los suelos para batir a la competencia internacional e intervenciones estatales de efectos distorsionadores en los mercados. La Confederación de la Industria Alemana (BDI) ha hecho sonar las alarmas y denunciado las prácticas y métodos con los que China se está convirtiendo en la primera potencia mundial. La BDI exige de Berlín y Bruselas mano dura ante Pekín en un catálogo de 54 demandas con el fin de que Alemania y la UE puedan plantar cara al capitalismo de Estado chino. El análisis subraya que Alemania y Europa mantienen aún una posición fuerte, pero que deben estar atentas para no perder el tren de las tecnologías y la inteligencia artificial en beneficio de China.

A Vodafone España se le ha atragantado el ejercicio 2018 y en las perspectivas para 2019 no le cuadraban las cuentas, por lo que ayer anunció a sus trabajadores la «apertura de un Procedimiento de Despido Colectivo que afectará a un máximo de 1.200 empleados», lo que supone casi el 24% de su plantilla, que ronda las 5.100 personas. De esta criba no se libra el personal que la multinacional tiene en el País Vasco, ya que según confirmó la dirección de la compañía a los sindicatos la reestructuración se extenderá «por todas las regiones y por todas las áreas de negocio», sin especificar aún el reparto, según explicaron fuentes de UGT.

La Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) se ha movilizado después de que varios medios publicasen ayer que el comisario jubilado José Villarejo realizó un espionaje masivo durante el intento de asalto de la constructora Sacyr al BBVA en 2004. Según estas informaciones, Villarejo controló para el banco miles de teléfonos de empresarios y periodistas. El organismo supervisor asegura que ha puesto la lupa en los riesgos que el caso pueda suponer para las cuentas de la entidad financiera. También quiere analizar los sistemas de seguridad internos de sus comunicaciones después de que se haya publicado que el entonces presidente de la CNMV, Manuel Conthe, y a su vicepresidente, Carlos Arenillas, fueron espiados. En un comunicado, el BBVA afirmó que desde 2018 investiga este asunto y que, si se acreditan las irregularidades, tomará las medidas internas que procedan.

El pacto para formar Gobierno en Andalucía no ofrece tregua. Pocas horas después de que el PP y Vox firmasen un acuerdo por el que el partido de extrema derecha apoyará al candidato popular a presidir la Junta, Juan Manuel Moreno, en la investidura, los ataques entre los partidos implicados no cesan. La creación de una Consejería de Familia, impuesta por Vox, se ha convertido en la primera gran traba para la andadura del Ejecutivo andaluz del PP y Ciudadanos. Juan Marín, principal dirigente de Ciudadanos en Andalucía y próximo vicepresidente de la Junta, sostuvo ayer que esa Consejería de Familia no será una cartera aislada y exclusiva sin otras competencias aparejadas. «En nuestro pacto programático no se contempla una Consejería de Familia independiente», dijo.