20190210

Euskadi dio el año pasado un importante paso de cara a recuperar el nivel de empleo previo a la crisis y, si se cumplen las previsiones, en diciembre se quedará a un suspiro de su récord de afiliación a la Seguridad Social. Tras encadenar cinco ejercicios de crecimiento y pese a la ralentización de la economía en el último trimestre de 2018, la mejoría del mercado laboral es palpable. Sin embargo, si se analiza la calidad del empleo se detectan algunas lagunas en la evolución. Una de ellas es el aumento de los contratos a tiempo parcial, utilizados en ocasiones como vía para la conciliación familiar y, en otras, como cortina que esconde jornadas laborales completas con salarios más reducidos. También sirve para ajustar la jornada a las necesidades de producción, cada vez más. El empleo con tiempo de trabajo inferior al marcado en convenio ha crecido constantemente desde 2008, siendo una dinámica compartida en la crisis y la recuperación tanto en los contratos indefinidos como en los eventuales.

El Gobierno ya había calculado que la creación de empleo en 2019 se va a ralentizar y sus previsiones son que a lo largo de este ejercicio se creen unos 380.000 puestos de trabajo. Sin embargo, su estimación de recaudación por cotizaciones a la Seguridad Social prevén aumentar los ingresos un 7,5%, lo que supone más de 8.600 millones de euros, si se aprueban los Presupuestos Generales del estado (PGE). Pero, ¿de dónde sale entonces esta inyección de dinero? El secretario de Estado para la Seguridad Social, Octavio Granado, lo tiene muy claro al señalar que «más del 45% de los nuevos ingresos por cotizaciones sociales provendrán de personas que cotizaban desde posiciones atípicas», en que incluye a los desempleados mayores de 52 años, cuidadoras familiares, personas que se van a jubilar anticipadamente, etc. También ayudará la subida del Salario Mínimo Interprofesional (SMI), sin olvidar el alza de las bases máximas, el nuevo sistema de los autónomos...

El futuro Plan Renove de ayudas públicas que prepara el Gobierno vasco con vistas a su entrada en funcionamiento en el mes de marzo contará con un presupuesto de unos cinco millones de euros. Así lo confirma la consejera de Desarrollo Económico e Infraestructuras, Arantxa Tapia, en una entrevista en ‘El Diario Vasco’. «Tendrá un presupuesto de cinco millones de euros, a cargo del Ente Vasco de la Energía (EVE)», lo que significa una ayuda de « unos 2.000 euros por operación (se desconoce si, como es habitual, habrá también aportación del concesionario). Aún hay que cerrar algunos detalles», indica la consejera. Ademas, Tapia  repasa la situación del sector de la automoción, habla de la «prevista» desaceleración, alerta de la necesidad de que las empresas se preparen y justifica la normativa que ultima Lakua sobre los VTC

La ministra de Trabajo, Magdalena Valerio, afirmó ayer que será necesario «completar con impuestos» las cotizaciones que dan derecho a la pensión. Valerio impartió la conferencia Empleo, pensiones y retos de futuro, organizada en Iruñea por el Partido Socialista Navarro. Tras reivindicar la «legitimidad» del acceso del PSOE al Gobierno, dijo que su principal labor inicial ha sido «consolidar los derechos« de los ciudadanos, «apostar por una economía más sostenible» y «por una reindustrialización en el país».

Los impuestos que pagan de las plataformas de ecommerce generan polémica desde que Amazon y Alibaba empezaron a expandir sus tentáculos por Europa. El comercio físico siempre ha criticado que no pagan las suficientes tasas y la Agencia Tributaria anunció a principios de este año que intensificará sus controles sobre estas nuevas actividades. El fulgurante incremento del ecommerce ha llevado a los países a estudiar un cambio en la fiscalidad que se aplica a las plataformas. El consumidor cada vez destina más dinero de su sueldo a pagar servicios digitales y, como explica Daniel Vaccaro, profesor de fiscalidad en EAE Business School, «hay una situación de competencia ventajosa del mundo digital respecto al mundo analógico».

El retorno de la extrema derecha ha aumentado en muchos países. Pese a que no ocupe el poder, es una fuerza presente en Italia, Austria, Holanda, Alemania, Dinamarca, Reino Unido, Grecia, España, República Checa o Francia. Y muchas no ocultan su ideología cercana a la atracción neonazi. Lo peor de todo no es su mensaje en contra de lo que ellos entienden por élites económicas o sociales, lo más preocupante «y peligroso», avisa Jan-Werner Muller, profesor de Ciencias Políticas en la Universidad de Princeton, «es la tendencia a excluir a los otros del nivel más básico de su identidad política». Esta ira también procede de una avalancha económica. Resulta inexplicable sin el crash de 2008, el empobrecimiento de las clases medias, la corrupción, la desregulación financiera de los años ochenta, la globalización anárquica o esa dictadura tecnológica que orilla al hombre frente a la máquina. Pero, sobre todo, el desencanto acude desde los salarios. Los trabajadores llevan décadas firmando idénticas nóminas. Si la sociedad y las empresas hubieran sido más justas, esas políticas de revancha pesarían hoy tanto como la paja.

Finlandia acaba de concluir su experiencia de renta básica. Un grupo de 2.000 desempleados recibió durante dos años 560 euros mensuales, un dinero que tenían asegurado al margen de que buscaran empleo o no. Los resultados preliminares muestran que el mayor desahogo económico no mejoró la situación laboral de los participantes, como esperaban los defensores de la iniciativa. Pero sí impulsó su bienestar, salud y optimismo hacia el futuro. El Gobierno finlandés ya ha anunciado que no continuará con el proyecto, pionero en Europa por haberse hecho entre ciudadanos de todo el país seleccionados por sorteo. Ciudades como Barcelona ensayan también su propio modelo de renta ciudadana.

Trabajar más horas no supone producir más. Es más bien al revés: cuanto más tiempo se esté en el puesto y menos se descanse, más proclive se es a sufrir accidentes laborales y la motivación cae en picado. Pero el presentismo sigue siendo un rasgo distintivo del entorno laboral en España. Según Eurostat, los españoles trabajan más horas que alemanes, franceses o ingleses y tienen una jornada laboral muy distinta, con un horario de salida más tardío. También son los europeos que sufren más estrés. Afecta a casi el 60% de los trabajadores, 10 puntos más que la media continental. Como consecuencia, España también es el país con mayor porcentaje de accidentes laborales relacionados con el estrés físico y psicológico. El 40% de los accidentes laborales de 2016 estuvieron relacionados con él, según la agencia europea.

Mari Paz Robina se pondrá el 1 de marzo al frente de la multinacional Michelin en España y Portugal. Hace diez días que ha dejado la dirección de la planta de Vitoria, donde ha estado dos años y medio «intensos» en los que la fábrica ha tenido «grandes inversiones y volúmenes de producción muy altos». Esta vallisoletana licenciada en Ciencias Químicas es, de nuevo, una mujer pionera –fue la primera responsable de una factoría de Michelin– al tomar el mando de este grupo empresarial en la Península, con alrededor de 8.000 trabajadores. Casi la mitad, 3.500, están en Vitoria.

Xabier Sagredo se enorgullece de que actualmente BBK es la segunda fundación bancaria más grande de España y de que aspira a tener la mayor Obra Social en gasto por habitante. Este año para la fundación es un ejercicio de balance, cumple su primer lustro y a finales tendrá que renovar su patronato. Al fondo luce la principal participada, el banco Kutxabank, del que controla un 57%, y cuyo presidente, Gregorio Villalabeitia, ha sido ratificado para los próximos cuatro años.

Alarma silenciosa. Así es como se podría definir la situación generada en el ‘holding’ IAG, que engloba a las aerolíneas Iberia, Vueling, British Airways y Aer Lingus, ante la posibilidad de que a raíz de una salida abrupta del Reino Unido fuera de la UE el grupo termine perdiendo su carácter europeo y, con ello, viera restringida su capacidad de negocio en territorio comunitario. «Estamos convencidos de que IAG seguirá siendo española» y, por extensión, europea. Así se manifestaban esta semana fuentes del grupo que, en apariencia, muestran una tranquilidad relativa. Saben que la última palabra la tendrán las autoridades comunitarias, aunque recuerdan que desde el comienzo de su andadura en 2011 «su sede social y fiscal está en Madrid», aunque tiene otra en Londres, y sus compañías aéreas «tienen certificados de operación establecidos desde el inicio de sus operaciones y apoyados en sólidos negocios en España, Irlanda, Reino Unido, Francia y Austria».

La ruptura de las negociaciones del Gobierno con los independentistas parece abocar al Ejecutivo de Pedro Sánchez a una derrota parlamentaria casi definitiva el próximo miércoles, cuando se voten en el Congreso las enmiendas a la totalidad de los Presupuestos del Estado. El Gobierno asume que sin las cuentas no podrá agotar la legislatura, y en su seno se ha abierto el debate sobre cuándo deberían celebrarse las elecciones. En el entorno del presidente, la idea que toma fuerza es no esperar más y apostar por el llamado superdomingo: convocar las generales para el 26 de mayo coincidiendo con los comicios municipales, autonómicos y europeos. Los asesores de Sánchez creen que esa coincidencia reforzaría las opciones de los socialistas. Con todo, el Gobierno aún no descarta por completo que los independentistas reconsideren su no a los Presupuestos antes del miércoles.