20161206

Alemania, con el apoyo del resto de países del norte de Europa, dio ayer un serio revolcón al plan de la Comisión Europea de recomendar una tímida expansión fiscal de 50.000 millones en 2017 ante los riesgos políticos asociados a la mediocre recuperación. El Fondo Monetario Internacional (FMI), el G20 y la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) creen que Bruselas da en el clavo: la eurozona debería virar su política económica, que viene de un lustro de austeridad. El Eurogrupo, capitaneado por Berlín, rechazó ese plan: solo Francia, España, Irlanda, Portugal y Grecia apoyan a la Comisión. Con Italia ausente del debate por su crisis política, los países del norte ganan la partida: la política fiscal del euro será «neutral» en 2017. En plata: nada de estímulos.

Bruselas mostró ayer su apoyo al paquete de medidas fiscales con que el Gobierno español pretende aumentar la recaudación para cumplir con los objetivos de déficit. El comisario de Asuntos Económicos, Pierre Moscovici, afirmó durante la reunión de los ministros de Economía y Finanzas de la zona euro que las subidas de impuestos presentadas por el Ejecutivo en el Consejo de Ministros del pasado viernes «van en la buena dirección». Se trata de la primera reacción comunitaria al nuevo plan presupuestario que el Gobierno remitirá a Bruselas en los próximos días.

La actividad del sector privado de la zona euro ha registrado en noviembre su mayor incremento desde diciembre de 2015, según refleja el índice compuesto PMI, que sube a 53,9 puntos desde los 53,3 de octubre, con Irlanda (55,5) y España (55,2) como las economías con mayor ritmo de expansión, según los datos publicados por IHS Markit. «El índice PMI de la zona euro indicó un crecimiento económico más rápido en noviembre», declaró Chris Williamson, economista jefe de IHS Markit, quien anticipó una aceleración del crecimiento del PIB de la zona euro al 0,4% en el cuarto trimestre, frente al 0,3% del tercero. Irlanda y España registraron los mayores ritmos de expansión, acelerando su crecimiento a máximas de tres y cinco meses respectivamente, aunque la mayor contribución al alza correspondió a Alemania (55), que alcanzó su mayor nivel en 2 meses.

El Índice General de Producción Industrial (IPI) descendió un 2,2% en octubre en relación al mismo mes de 2015, tasa 3,3 puntos inferior a la de septiembre, según informó ayer el INE. Con el retroceso interanual de octubre, la producción industrial regresa a tasas negativas tras dos meses consecutivos al alza. El descenso de la actividad manufacturera obedeció a la disminución de la producción en todos los sectores, salvo la energía, que experimentó un avance interanual del 5,7%. El resto presentaron tasas anuales negativas, con retrocesos del 6,2% para los bienes de equipo, del 3,9% para los bienes de consumo duradero, del 2,9% para bienes intermedios y del 2,6% para los bienes de consumo no duradero.

Tras los gestos de las últimas semanas en favor del entendimiento, los gobiernos central y vasco escenificaron ayer el deshielo de sus relaciones al alcanzar los primeros acuerdos en materia económica para cumplir el déficit, y en buscar consensos sobre el Cupo vasco, el Concierto y el tren de alta velocidad (TAV). El consejero vasco de Hacienda, Pedro Azpiazu, calificó de «absolutamente cordial» el encuentro de dos horas con el ministro Cristóbal Montoro, un primer paso que abre la puerta a futuros pactos, aunque sin especificar si afectarán a los Presupuestos de 2017.

La Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) ha mejorado sus previsiones de déficit y ahora considera probable que España cumpla sus compromisos con la UE para este año, donde se fijaba un desvío del 4,6% del PIB. Su escenario establece que el déficit podría llegar al 4,4%, dos décimas menos del cálculo más optimista del Ejecutivo. La AIReF ha modificado sus cálculos después de que el Gobierno aprobara el viernes una nueva senda fiscal. Sin embargo, en el caso de las comunidades su pronóstico ha empeorado ligeramente, al estimar que podrían rozar un déficit del 0,9%, y considera «muy improbable» el cumplimiento del 0,7% establecido por el Ejecutivo.

La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) avala la idea planteada hace unos días por la ministra de Empleo, Fátima Báñez, de sacar las pensiones no contributivas  del sistema de cotizaciones de la Seguridad Social para pasar a financiarlas mediante impuestos.  «Los países no deberían usar las contribuciones para financiar la red de seguridad de asistencia social, pensiones universales o no contributivas», plantea el informe ‘Panorama de las pensiones de la OCDE 2016’ presentado ayer, en el que sus autores recomiendan «separar las fuentes de financiación de las pensiones públicas contributivas de las no contributivas». El documento plantea que las pensiones públicas de carácter contributivo deberían financiarse mediante contribuciones, pero todas las demás deberían «financiarse completamente» a través del Presupuesto del Estado, mediante impuestos.

Aunque todas las partes implicadas - salvo la patronal Garen, que no fue invitada a la primera reunión, la del pasado miércoles- recibieron positivamente la propuesta de Confebask para negociar un acuerdo interprofesional que otorgue prioridad a los convenios suscritos en la CAV sobre los de ámbito estatal, los recelos entre unos y otros no han disminuido. Raúl Arza puso de relieve ayer que hacía «mucho tiempo» que no se sentaban todos en una mesa pero añadió que «no hay que echar las campanas al vuelo» y darle «demasiadas expectativas a esa reunión». Así hizo referencia, durante una entrevista en Herri lrratia, al encuentro que UGT compartió con Confebask, ELA, LAB y CCOO.

El petróleo parece haberse decantado definitivamente por las subidas. El barril se encarece y consolida la senda alcista que abrazó la semana pasada, cuando los productores del cartel de la OPEP acordaron rebajar la oferta por primera vez en ocho años. El petróleo brent, de referencia en Europa, tocó ayer los 55 dólares, su coste máximo desde finales de julio de 2015, impulsado por la convocatoria de la OPEP para una nueva reunión el sábado, en la que esperan convencer a más países para reducir su producción y así elevar más los precios.

El Gobierno no tiene previsto, de momento, acometer una nueva gran reforma laboral. Sin embargo, más de una treintena de expertos en el mercado de trabajo español –reunidos por la Fundación para la Investigación sobre el Derecho y la Empresa (FIDE) y coordinados por la presidenta emérita del Tribunal Constitucional y catedrática de Derecho del Trabajo María Emilia Casas– consideran que sí sería necesario acometer importantes cambios legislativos, para adecuar el marco laboral español al entorno europeo y a las nuevas tecnologías, entre otras cosas.

El Tribunal de Justicia de la UE (TJUE) ha vuelto a trastocar la base jurídica sobre la que se mueve el mercado laboral español. Esta vez se trata de un caso sobre el despido de un trabajador, M. D., estando de baja médica por un accidente laboral. En un fallo del 1 de diciembre, los magistrados de la UE abren la puerta a que la rescisión del contrato de un empleado en situación de incapacidad temporal de forma «duradera» sea considerada discriminatoria y, por tanto, la decisión pueda ser anulada en los tribunales.

La intención del Ministerio de Hacienda de reducir el límite de pago en efectivo en España de 2.500 euros a 1.000 euros ha provocado que la gran distribución y el pequeño y mediano comercio se unan en un frente común en contra de la iniciativa. Las organizaciones patronales Anged y CEC se han sumado en la crítica a un cambio que, según explican, pondría en peligro la «frágil» senda de crecimiento del comercio minorista de los últimos meses. Se teme además que afecte al creciente turismo de compras, al considerar que se trata de una nueva traba al consumo. Mientras que Hacienda la plantea como medida antifraude, los comerciantes critican que supone poner «bajo sospecha» a cualquier consumidor que realice compras por más de 1.000 euros, por lo que la ven «desproporcionada». De concretarse esta reducción del límite de pago, España tendría el más bajo en Europa, junto con Francia.

La subida del salario mínimo interprofesional (SMI) va a empujar hacia arriba algunas ayudas vinculadas a este indicador, como sucede en Euskadi con la Renta de Garantía de Ingresos (RGI). Se trata de un tema delicado y en Lakua prefieren no adelantar cifras antes de tiempo, aunque desde el Departamento de Empleo se reconoce que se están haciendo cálculos para comprobar hasta dónde llega el impacto presupuestario de la subida del 8% del SMI. El nuevo sueldo mínimo eleva las cuantías de la RGI y, además, abre el abanico de perceptores al subir el tope de ingresos para acceder a la ayuda. Con la base de los 400 millones de euros que se destinarán este año a la renta de garantía, el aumento del salario mínimo traería un sobrecoste de unos 32 millones de euros, aunque la cifra podría ser mayor.

La confianza del consumidor aumentó 8,7 puntos el pasado noviembre en relación al mes anterior, hasta situarse en 99,4 puntos, su mayor nivel desde diciembre de 2015, debido al repunte de la valoración que hacen los ciudadanos de la situación actual y, especialmente, a la fuerte mejora de sus expectativas. Según los datos publicados ayer por el Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS), el indicador de situación actual se incrementó 5,9 puntos en relación al mes anterior, hasta los 88,5 puntos, con un comportamiento positivo de dos de sus tres componentes: la valoración de la situación económica general y la del empleo, que escalaron 10,3 y 9,1 puntos, respectivamente, frente al descenso en 1,6 puntos en lo referido a la situación de los hogares.

Italia se encuentra de nuevo sumergida en una crisis política, un nuevo agujero en la quilla del proyecto europeo. El presidente del Consejo de Ministros italiano, Matteo Renzi, anunció su intención de dimitir en la madrugada de ayer después de que los ciudadanos rechazaran holgadamente su propuesta de reforma constitucional para dotar de mayor poder al Gobierno y evitar las situaciones de bloqueo parlamentario. El presidente de la República, Sergio Mattarella, pidió ayer al primer ministro que retrasara su dimisión al menos una semana, hasta que el Parlamento apruebe los Presupuestos Generales para 2017, algo que Renzi aceptó «por responsabilidad de Estado».

Telefónica, Velatia y la Diputación de Bizkaia se han aliado para dar el salto de las palabras a los hechos y ofrecer una oportunidad de oro a emprendedores vinculados a la industria y la tecnología. El resultado de esta coalición es que el consorcio integrado por la vizcaína DeciData –creada este mismo año y dedicada al análisis de datos– y la navarra Kunak –especializada en sensores– va a desarrollar una solución para un problema de una gran empresa industrial como Velatia (antigua Ormazabal): el mantenimiento de los centros de transformación

Se han firmado precontratos por valor de 40 millones de euros, en su mayoría con la industria vasca. La inversión global prevista alcanza los 93 millones hasta 2025. Casi 65 personas trabajan desde hace varios años en la iniciativa de manera directa. Pero todo está ahora mismo en el aire. El centro de neutrónica de Zamudio, el ESS Bilbao como es conocido técnicamente, podría desaparecer en el plazo de tres meses. El 28 de febrero es la fecha límite impuesta por el consorcio europeo ERIC para que España rubrique su adhesión al programa internacional para la Fuente Europea de Neutrones por Espalación, un programa de alta tecnología que quiere revolucionar la investigación científica en el continente. Si no lo hace, el proyecto ubicado en el Txorierri perdería su razón de ser.