20190206

La oposición ha vuelto a marcar el paso al Gobierno Urkullu, que ayer se vio obligado a rectificar para intentar sacar adelante la subida de sueldo a los funcionarios y a los profesores de la red concertada, así como el incremento de la financiación de la RGI. Las tres medidas, que se iban a votar en bloque, requieren del apoyo de Bildu, Podemos o PP, con posturas diferenciadas en cada caso. A pesar del aval de los servicios jurídicos de la Cámara autonómica, que habían dado su visto bueno a la fórmula de tramitar ese paquete de medidas en una única ley y por el procedimiento de lectura única y sin posibilidad de enmiendas, el Ejecutivo de PNV-PSE optó por asumir su falta de apoyos y cedió a las exigencias de la oposición.

El 72% de las empresas españolas tienen problemas para cubrir los puestos de trabajo que ofrecen, tanto por un nivel de conocimientos insuficiente por parte de los candidatos, como por el incumplimiento de las capacidades profesionales que se precisan, según un informe realizado por el IESE entre 53 compañías representativas. El 68% de las empresas detecta una importante brecha de conocimientos en tecnología y digitalización.

Un total de 31.843 contratos temporales se convirtieron en indefinidos durante 2018 en el País Vasco, lo que supone un 26,8% más respecto al ejercicio anterior, según un informe hecho público ayer por Randstad, elaborado con los datos del Servicio Empleo Público Estatal. El estudio concluye que la cifra de conversión de contratos temporales en indefinidos es la segunda más elevada en Euskadi desde 2007, cuando se rozaron los 33.000.

El mercado laboral vasco se va recuperando poco a poco de los estragos producidos por la crisis, la más severa de las últimas décadas. Sin entrar en la calidad de los puestos de trabajo que se están generando desde 2014, año en el que se inició la recuperación, y centrándose únicamente en la cantidad de personas empleadas que había a cierre de 2018 en comparación con 2007, año previo a la entrada en recesión, Gipuzkoa rozaría ya los niveles precrisis, según los datos de afiliación a la Seguridad Social. Según este registro faltarían algo más de un millar de trabajadores para igualar aquel listón. Sin embargo, la Encuesta de Población Activa, se sitúa todavía a mucha distancia, con 33.000 ocupados menos.

El Gobierno obligará a las empresas a pagar las cotizaciones sociales de los convenios especiales que suscriben sus trabajadores con la Seguridad Social, cuando tienen más de 55 años y son despedidos dentro de un expediente de regulación de empleo. El objetivo de estos convenios es que los trabajadores afectados puedan mantener la cotización para no perder pensión hasta, según los casos, cumplir 61 o 63 años, y poder acogerse a la jubilación anticipada. El Ejecutivo recoge así una denuncia realizada por el Defensor del Pueblo, ante el reiterado incumplimiento de las empresas en la financiación de estos convenios.

La Agencia Tributaria ha lanzado una campaña de información dirigida a las empresas ante la posibilidad de que la salida de Reino Unido de la Unión Europea sea sin acuerdo. El fisco ha enviado unas 90.000 cartas a empresas con un perfil exportador con varias recomendaciones para que puedan adaptarse a un Brexit duro. En la misiva, de dos folios, Hacienda advierte de que «el Brexit puede tener un efecto significativo en su organización y/o en sus flujos logísticos». Hacienda tiene previsto un plan de contingencia ante esta situación.

Los ministros Isabel Celaá, de Educación, y Pedro Duque, de Ciencia, Innovación y Universidades, tienen en contra a los empresarios, los rectores y los Gobiernos autonómicos —también los socialistas— desde que el 28 de diciembre el BOE publicó un decreto ley para la revalorización de las pensiones públicas  que incluye la cotización a la Seguridad Social por las prácticas de los estudiantes de FP, grado o máster aunque no sean renumeradas. Celaá mostró ayer su enfado con Trabajo, que tramitó el decreto sin hablar con ningún colectivo, y abrió la puerta a una posible rectificación: «Este Gobierno no va a permitir que una medida vaya en detrimento del sistema educativo, cuya prioridad es dar las máximas oportunidades a las personas». Aunque reconoció que no tiene la solución, que tendrá que llegar en el desarrollo normativo del decreto. «Trabajo está buscando la forma de no perjudicar a las empresas», aseguró la ministra.

El crecimiento de la actividad del sector privado de la zona euro siguió ralentizándose en enero hasta niveles cada vez más próximos al estancamiento. Según el índice compuesto de gerentes de compras (PMI), bajó a 51 puntos en el primer mes de 2019, frente a los 51,1 de diciembre de 2018, lo que representa la peor lectura del dato en los últimos cinco años y medio y sugiere que «lo peor aún puede estar por llegar» para la economía de la Eurozona, donde únicamente España y Alemania, entre las grandes economías, esquivaron la caída en terreno recesivo de la actividad de sus empresas.

La aseguradora francesa de crédito a la exportación Coface presentó ayer en París su informe anual sobre riesgos y tendencias económicas en 2019, en el que alertó sobre cuatro riesgos latentes: el político, el proteccionismo, el desarrollo de tecnologías para crear valor añadido y la deuda global. «En este inicio de 2019 lo que hemos detectado es una mayor preocupación tanto de las empresas como de los inversores. El índice de riesgo político global que mide Coface ha alcanzado su nivel más alto en 2018», explicó el consejero delegado de la compañía, Xavier Durand.

Arantza González Laya  ocupa un puesto privilegiado desde el que observar hacia dónde se dirige este mundo, desde el punto de vista económico y geopolítico. No en vano, la alta ejecutiva de Naciones Unidas está al frente de su Centro Internacional de Comercio, lo que le permite trabajar prácticamente con todos los países aunque su labor está más centrada en los menos favorecidos. La alta ejecutiva considera que la guerra comercial EE UU-China, las turbulencias geopolíticas y el cambio climático son hoy los grandes riesgos para la economía global.

Los taxistas de Madrid vuelven a trabajar. Lo hacen tras 16 días de huelga y la negativa de la Comunidad de Madrid a regular a los VTC por la vía exprés tras la falta de consenso entre ambos sectores. Por 3.522 votos a favor de continuar (44,9%) con el paro y 4.233 votos en contra (53,9%), el sector del taxi pone punto y final al cierre sectorial, pese a que la coordinadora del taxi de Madrid había pedido mantener las movilizaciones y acciones reivindicativas hasta conseguir dicha regulación. De cualquier modo, las asociaciones del colectivo se han comprometido a continuar buscando vías que permitan fijar dicha regulación.

Euskaltel y la Federación Vizcaína de Empresas del Metal (FVEM) celebrarán mañana, día 7,  junto con la empresa Dominion, una jornada en Bilbao titulada La transformación digital como estrategia de desarrollo de negocio para dar a conocer casos concretos de digitalización en las empresas vascas.

Estuvieron a punto de protagonizar la segunda parte de ‘La guerra de los Rose’, porque sus peleas fueron públicas, las acusaciones de infidelidad también y, aunque no llegaron a tirarse los aerogeneradores a la cabeza, sí lo hicieron con algunos contratos. En este caso, y a diferencia de la película de referencia, Iberdrola y Siemens Gamesa parecen haber sellado la paz, la vida de ambas empresas discurre ya con normalidad y el periodo bélico habría terminado. Ahora hay silencio, en este caso sinónimo de calma. La clave de esta transformación, apuntan algunas fuentes, es doble: los cambios en la cúpula y, sobre todo, la mejoría en los resultados de la compañía eólica.

LetterOne, la empresa del magnate ruso Mijaíl Fridman, tiene el 29% de las acciones de los supermercados Dia y ayer lanzó una calculada operación para hacerse con la mayoría del grupo. Quiere pagar 0,67 euros por acción. La última vez que compró títulos, en octubre de 2018, lo hizo a 3,19 euros. Pero la empresa ha estado meses sumida en una fuerte crisis que le ha llevado a perder casi todo su valor en Bolsa. Por eso, la intención de Fridman es desembolsar ahora un máximo de 296 millones por el control y, si triunfa, respaldar una ampliación de capital de 500 millones. Las acciones se dispararon ayer.